Los dichos vertidos por el recurrido configuran una vulneración a la honra de la recurrente y su hermano ejecutado, de manera que la libertad de expresión debe ejercerse dentro de márgenes de respeto de los derechos fundamentales de otras personas, especialmente cuando aquellas no tienen la oportunidad de rebatir las afirmaciones que se realizan.

El Tribunal determinó que la presencia masiva de aquellas personas genera un clima de inseguridad para los vecinos del sector, quienes además han tenido que soportar acumulación de basura y residuos humanos en las afueras del condominio que habitan.

El recurrente calificó de improcedente e ilógico el actuar del Coordinador, pues se obstaculiza la cesión de derechos con razón de que se encuentra impedido de participar en el Mercado de Corto Plazo (por incumplimiento de pago obligaciones a otros operadores del sistema eléctrico).

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la AFP recurrida al denegar la devolución solicitada por la trabajadora y cotizante extranjera, quien cumple con los requisitos legales para retirar los fondos previsionales.

Al negársele la inscripción de la partida de nacimiento y la entrega del documento de identidad, el recurrente no ha podido disfrutar de su derecho al nombre, en su sentido amplio, que es una expresión del derecho a la identidad.

El Decreto 38 del Ministerio de Medio Ambiente regula los niveles máximos de sonido permitidos, pero excluye de esa regulación, entre otros, a los sistemas de alarma y emergencia, dentro de los que se encuentran los Cuerpos de Bomberos.

Para que el recurso intentado sea procedente, resulta indispensable que se demuestre que la parte recurrida efectivamente incurrió en un acto ilegal o arbitrario.

Los Tribunales de Justicia no pueden inmiscuirse en políticas públicas en estos casos. Respecto a la solicitud de reembolso del recurrente excede los contornos del recurso de protección.

Se enmarca en la fiscalización que realiza Fonasa dentro de sus competencias como administrador de un fondo público, y para verificar el correcto uso de los beneficios de salud que entrega a sus usuarios.

Resulta lógico dar prioridad a aquellas medidas de carácter formativo, por sobre las más gravosas, y ello en virtud del principio de proporcionalidad.