La sanción impugnada fue practicada por autoridad competente, en los casos y la forma que establece la ley sin que se divise la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria que deba enmendarse mediante acción de protección.
El recurso de protección permite darle aplicación solo a derechos de carácter indubitado que hayan sido amagados por un acto ilegal o arbitrario, no constituye una instancia de declaración de derechos.
Al recurrente le fue aplicada una sanción mediante resolución fundada dictada por autoridad competente en conformidad al Reglamento de la Institución.
Las faltas deben ser ponderadas en virtud del principio de proporcionalidad, debiendo ser congruente el castigo a imponer al daño provocado al Servicio.
La legislación chilena no regula el contrato de cuenta corriente como un contrato autónomo, sometiéndose a las reglas del depósito irregular del Código Civil.
La acción de protección no es la vía idónea para impugnar potestades que el constituyente ha radicado de manera exclusiva en el poder ejecutivo, en especial durante un Estado de Excepción Constitucional.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la casa de estudios al condicionar la titulación del recurrente al pago de la deuda.
La resolución no está fundamentada. No se basa en un informe médico siendo que el reglamento de la COMPIN le permite recabar antecedentes médicos de los solicitantes.
El Tribunal descartó actuar arbitrario o ilegal del centro de salud recurrido.
Lo contrario llevaría al absurdo de admitir que se entregue una patente de venta al por menor y que el contribuyente se encuentra habilitado para funcionar con un giro distinto.
