Los servicios efectivos en Carabineros incluyen aquellos prestados por el personal en cualquiera de las Instituciones de la Defensa Nacional o de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el ejercicio activo de sus respectivos empleos.
El recurso de protección no es la vía idónea para resolver la controversia, toda vez que la litis trasciende los fines de la acción de protección de garantías fundamentales, y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente.
Si bien el órgano recurrido ejerció sus facultades, desatendió las causas de justificación de la breve prolongación en el extranjero de la recurrida, avalando la imposición de una sanción desproporcionada y que no resulta aplicable por existir una justa razón que la exonera.
Los funcionarios que cumplen con la obligación de denunciar no pueden ser objeto de traslado de localidad o de la función que desempeñen, sin autorización por escrito, desde la fecha de la denuncia hasta que se resuelva o hasta 90 días después de terminada la investigación.
Los hechos denunciados afectan el derecho de igualdad de la recurrente, pues, al no contener una explicación suficiente, la decisión deviene en una discriminación arbitraria.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
Al no dictar un acto administrativo que contenga de manera escrita y fundada la decisión de cesar el pago de la asignación, se incurrió en una omisión ilegal que posee la aptitud para perturbar el derecho de propiedad de la actora sobre sus remuneraciones.
La masiva entrada de migrantes por pasos no habilitados, como el de la comuna de Ollagüe, la que no cuenta con las medidas de control sanitario necesarias, pone en riesgo la salud de la población local.
No se establecieron los hechos en que se funda el recurso, pues los documentos presentados por la recurrida no resultan concluyentes para configurar las conductas de acoso que denuncia haber sufrido.
Es deber de la Administración fundamentar suficientemente sus decisiones, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando el sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que resuelve.
