Tal decisión no constituye un acto terminal, por cuanto se encuentra supeditada a lo que se defina en el sumario instruido en contra de los recurrentes, cuyo resultado determinará si esta baja inmediata se mantiene o queda sin efecto.
No se sustenta en el mero capricho de la autoridad que intervino en la decisión, la que al contrario fundó su decisión en razones técnicas médicas con pleno apego a la normativa que regula el derecho denominado licencia médica.
No se consideró el origen de la licencia médica, y que la actora, al momento del despido, ya se encontraba de alta, reintegrada en sus funciones, por lo que no se dan razones para considerar su condición de salud incompatible con su función docente.
No resulta ser la vía idónea al efecto, debiendo la parte recurrente solicitar lo pertinente directamente ante el Ministerio Público, organismo que dirige la respectiva investigación penal.
Se conculca la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, dado que ante la falta de una razón que justifique dicho actuar se genera un trato discriminatorio hacia el recurrente.
La normativa que regula el ingreso, permanencia y salida de visitas no sólo tiene por objeto mantener un debido registro de quienes concurren, también resguardar el orden y seguridad interno. La Autoridad Penitenciaria actuaría contra ley si permite el ingreso de quien no cumple con la normativa y además se encuentra en situación migratoria irregular.
La Tercera Sala del tribunal de alzada determinó que las referidas publicaciones son ilegales al infringir los derechos a defensa, a la honra y dignidad de las funcionarias aludidas.
La Quinta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la casa de estudios superior al no flexibilizar las condiciones de horario y modalidad de asistencia para que la recurrente pudiese ejercer su maternidad mientras rendía los cursos inscritos para el semestre.
La Primera Sala del tribunal de alzada descartó la procedencia de la acción constitucional al no acreditarse actuaciones arbitrarias o ilegales que reprochar a los recurridos.
La Primera Sala del tribunal de alzada rechazó la acción cautelar tras no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado y al no configurarse un acto ilegal y arbitrario.
