La Primera Sala del tribunal de alzada descartó la procedencia de la acción constitucional al no acreditarse actuaciones arbitrarias o ilegales que reprochar a los recurridos.

La Primera Sala del tribunal de alzada rechazó la acción cautelar tras no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado y al no configurarse un acto ilegal y arbitrario.

Primera Sala del tribunal de alzada acogió a tramitación la acción constitucional presentada por el ente persecutor  en contra de la resolución dictada el 13 de septiembre y dio lugar a la orden de no innovar, por lo que no se entregará a las defensas la información solicitada hasta conocer el fondo de la solicitud. 

Se ordenó eliminar de las actas del Concejo Municipal todas las expresiones realizadas por el Alcalde, que contengan expresiones deshonrosas respecto del partido político.

La relación de parentesco que reclama la recurrente, como fundamento de la solicitud de posesión efectiva, no es una cuestión que pueda dilucidarse en esta sede de protección constitucional.

La Tercera Sala del máximo tribunal estableció actuar arbitrario de la empresa al no bloquear sitios de apuestas ilegales, ya que la Polla Chilena de Beneficencia es el único organismo autorizado por ley para realizar tal actividad.

La Segunda Sala del máximo tribunal consideró que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará) y Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), autorizan que la pena se cumpla de manera alternativa y no en un recinto penal.

La situación de inestabilidad de la recurrente y sus hijas se vería agravada por una destinación que la desarraigue del lugar en que pueden ser tratadas.

La Cuarta Sala del tribunal de alzada consideró que hubo actuar arbitrario de la compañía al realizar cobros excesivos y no atender los reclamos del usuario.

La Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por la ministra Jéssica González, consideró actuar arbitrario del municipio al no fiscalizar el comercio en la zona y afectar a los locales comerciales establecidos.