Decisión acordada con un voto en contra, que consideró ilegitimo el actuar del recurrido, ya que, independiente de si el camino pasa por su propiedad, no se puede amparar un acto de autotutela, debiendo acudir necesariamente a instancias judiciales.

El Tribunal de alzada rechazó la acción entablada al establecer que las autoridades recurridas han adoptado diversas medidas de control de un problema social complejo.

El artículo 24 de la Ley N° 19.886 establece expresamente una acción de impugnación de los actos ilegales o arbitrarios que se estimen cometidos en la tramitación de un procedimiento administrativo de contratación pública, correspondiendo su conocimiento al Tribunal de Contratación Pública.

La adquisición de derechos de extracción debe respetarse conforme a los principios de buena fe, seguridad jurídica y equidad, habiendo nacido en los pescadores artesanales la confianza legítima de que la autoridad le habría reconocido y declarado sus derechos.

Se desestimó la acción por haberse impugnado un acto trámite, que no dispuso concretamente la desvinculación del recurrente, sino que constituye el antecedente que puede validar la actuación final de materializarse posteriormente.

La mantención en el tiempo de la situación que originó el presente recurso pone de relieve la falta de eficacia de las medidas adoptadas por la autoridad, por lo que cabe demandarle la adopción de nuevos resguardos.

En el comunicado que informó el rechazo de la incorporación del actor, la Asociación únicamente citó un artículo de sus estatutos que contiene los requisitos para ser parte de la organización, lo que la Corte estimó insuficiente, pues era necesario que informara también los motivos y el alcance de dichos requisitos normativos.

El Tribunal de azada desestimó la procedencia al arbitrio al no identificar el recurrente la identidad de quienes se habrían visto afectados en sus derechos fundamentales.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar al establecer que en la especie debe primar el interés superior del niño por sobre las creencias de la madre.

El recurrente acompañó una fotografía que supuestamente demostraba la vulneración al artículo 19 N°8 de la Constitución, sin embargo, la Corte estimó que dicho medio era insuficiente para acreditar que la emisión de ruidos superaba los niveles autorizados por la norma respectiva.