«la entidad estatal informa a la recurrente el no pago del bono establecido en la Ley N° 20.305 fue dictado por la autoridad competente, la cual actuó dentro de sus funciones y se encuentra debidamente fundamentado, tanto en los hecho como el derecho, razón por la cual no puede ser calificado como ilegal o arbitrario”.

“la ilegalidad se configura en relación al elemento fin del acto, lo que constituye un vicio que lo torna susceptible de anulación, siendo, por cierto, también arbitrario”.

«el colegio no ha incurrido en una ilegalidad ni arbitrariedad, dado que se ha ceñido a su propia normativa interna, particularmente el Reglamento interno de convivencia, el cual le permite, en su título cuarto, cancelar la matrícula en dos casos: en el caso de mala conducta reiterada y en la ocurrencia de un hecho que, sin ser reiterado, amerite la cancelación de la matrícula»

“uno de los límites al ejercicio de la potestad de invalidación es el cumplimiento del requisito consistente en dar audiencia del interesado; exigencia que en la especie no fue satisfecha puesto que la propia recurrida ha señalado que al advertir el error en el que se incurrió al dictar la Resolución N° 109, lo corrigió prontamente dejándola sin efecto, notificando de ello al recurrente»

“tampoco el acto recurrido resulta arbitrario, puesto que la autoridad recurrida, ha expuesto detalladamente en la resolución que rechaza la reposición de la recurrente respecto de la negativa de dar en arrendamiento el mentado Sitio 4, las razones de su negativa, las que analizadas a la luz de los antecedentes acompañados en autos, aparecen como razonables, y exentas de reproche”.

“de lo expuesto fluye que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se cuestiona –el corte del suministro eléctrico- fue dejado sin efecto el mismo día en que los servicios fueron suspendidos, lo que permite colegir que al momento de interponerse la presente acción constitucional ésta había perdido oportunidad puesto que la energía eléctrica se encontraba restablecida, habiendo acordado ambas partes firmar un convenio de pago, el que se materializa con posterioridad, de manera que no cabe adoptar por esta Corte medida alguna tendiente a poner término al menoscabo de garantías constitucionales que por esta vía se ha denunciado.”.

«se debe señalar que resulta arbitrario que el Concejo Municipal esgrima como único argumento para denegar la solicitud la circunstancia que el eventual funcionamiento del establecimiento que el recurrente pretende instalar cause molestias a los vecinos -cuestión que les habría sido manifestada en reuniones con los mismos-, puesto que la Junta de Vecinos que agrupa a los residentes en el lugar ya había manifestado su aprobación a través de su presidente, que es quien los representa».

«aun cuando resulta efectivo lo aseverado por el fallo de primera instancia, respecto a que la libertad ambulatoria incluye la libertad de los ciudadanos de transitar, permanecer y residir en cualquier punto del planeta, no es menos cierto que ello debe realizarse en conformidad a las normas legales de cada Estado, sujetándose el ciudadano a los requisitos que éste imponga para el ingreso de los extranjeros, puesto que la atribución de reglamentar la entrada y cautelar las condiciones de permanencia de los extranjeros en sus territorios es una manifestación de la soberanía de los mismos”.

«la parte recurrida vulnera el Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, ya que debió realizar ciertas conductas descritas en dicho decreto que regula el procedimiento relativo a la aprobación o rechazo de las licencias médicas, lo que no hizo».

«Equifax reconoció que debía eliminar dicha información de sus registros, y al no hacerlo infringe el artículo 6 de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, vulnerando el derecho a la honra y la vida privada del recurrente, por lo que corresponde acoger el arbitrio constitucional a su respecto».