Queda en evidencia que el Municipio de Santiago ha adoptado la medida de realizar clases por vía telemática con la finalidad de asegurar la continuidad de las clases y el derecho a la educación de los estudiantes.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar al considerar que está en riesgo el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación de los residentes del sector, en el cual se han registrado siniestros originados por la construcción.
De esta forma, se resguarda adecuadamente la independencia del fiscal en la instrucción de los sumarios, se preserva la objetividad que debe imperar en el procedimiento y se garantiza el respeto a los presupuestos del debido proceso y, a su turno, no existirán excusas para no llevar adelante las investigaciones en esos casos.
En el marco de sus atribuciones, el recurrido debe abstenerse de practicar diligencias que implique el quebrantamiento del reposo extendido por médico psiquiatra.
La solicitud inconclusa que motivó el recurso lleva casi 7 meses sin ser resuelta en el Registro Civil, resultando prístino que no existió ningún interés en actuar de oficio para lograr el objetivo del afectado.
El no pago de las licencias médicas, sin duda repercute en el patrimonio de la actora al impedir su acceso al subsidio por enfermedad, lo que en forma indefectible deriva en que no pueda recuperar su salud mental.
El Tribunal de alzada hizo lugar a la acción constitucional de protección, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al denegar la cobertura solicitada por una afección no declarada antes de la suscripción del contrato.
Las ilegalidades del procedimiento afectan el derecho a la igualdad de trato que consagra el artículo 19 N° 2 de la Constitución, en la medida que el recurrente fue sometido a un procedimiento disciplinario que no se sujetó a la regulación naturalmente aplicable.
A los tribunales no les corresponde inmiscuirse en la determinación de políticas públicas sanitarias, informó FONASA.
La denominada coloquialmente “funa” no es ni puede constituir el ejercicio legítimo de un derecho cuando afecta en forma abusiva el derecho a la honra del denunciado.
