La gestión pendiente invocada incide en un juicio ordinario seguido ante un Juzgado Civil de Santiago, mediante el cual se demandó la nulidad de derecho público de una resolución exenta, que, basada en las normas impugnadas, declaró la vacancia del cargo respecto de un funcionario por salud irrecuperable o incompatible para desempeñarlo.

“en el caso de marras quedó establecido que la solicitud de interceptación telefónica del demandante fue hecha a sabiendas de que se trataba del abogado defensor de algunos de los imputados de la causa en que aquella se otorgaba, lo que no se hizo saber al tribunal”.

La sentencia desestimó la alegación del Ministro para no entregar la información -referida a que la solicitante no cumplió con la petición de subsanar su solicitud de información-, por cuanto en ésta no se le señaló con claridad los términos en que debía subsanar tal solicitud y sólo se le dice “que no son objeto de la ley de acceso aquellas solicitudes que podrían estar en la mente de las autoridades de los órganos de la Administración del Estado al momento de adoptar una determinada decisión o actuación, pero que no constan en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, o en formato o reporte determinado”.

“en la próxima sesión vamos a determinar cuál va a ser la forma de trabajo, porque hay más de 110 indicaciones, razón por la cual tenemos que ver si las dividimos por tema o por artículos para ir resolviendo el proyecto”.

La Sala designa por el Presidente del Tribunal ordenó que, previo a resolver sobre la admisión a trámite de la acción de inaplicabilidad deducida, el requirente acompañara copia del contrato de salud previsional que suscribió con la Isapre, lo que fue cumplido, observándose que el referido contrato es de mayo del año 2001.

La Corte Suprema de Estados Unidos concluyó señalando que su sentencia se funda en una legislación aprobada por el propio Congreso norteamericano, y que los poderes políticos han tenido el tiempo suficiente para adecuar el ordenamiento jurídico al derecho internacional, pero que, sin embargo, al no hacerlo, han demostrado que el tema, realmente, nunca ha sido prioridad.

“se ha manifestado con fuerza un intenso nuevo sentir de la ciudadanía que exige participar” y que esta “falta de espacio ha creado descontento”, siendo “necesario y de urgencia que el mundo político dé una muestra importante de apertura hacia esta nueva sociedad que hoy día se considera marginada”.

La acción de inaplicabilidad incide en una reclamación interpuesta ante un Juzgado Civil de Rancagua en contra del Servicio de Salud de la Sexta Región, por medio de la cual se pretende dejar sin efecto una multa aplicada bajo el apercibimiento de prisión, por una supuesta infracción de las normas aludidas, lo que vulnera el principio de legalidad, de reserva legal, y de taxatividad en materia penal (art. 19 N°3), junto con el derecho a desarrollar cualquier actividad económica (art. 19 N°21)

«…la circunstancia de que TVN haya indicado en sus contestaciones que hizo entrega a la reclamante del documento registrado en el DDI, únicamente puede entenderse como una expresión de que no se opone a que la reclamante acceda a la información requerida”.

La acción de inaplicabilidad incidía en un recurso de apelación seguido ante la Corte Suprema, mediante el cual se pretende revocar una sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que desestimó una acción de protección que perseguía dejar sin efecto la decisión de un establecimiento educacional subvencionado que cobró matrícula a sus alumnos.