Los organismos observaron que el decreto N° 9288, firmado el 16 de febrero y aprobado por el Congreso Nacional, confiere una amplia autoridad a las fuerzas armadas para restablecer el orden y sitúa a las fuerzas policiales bajo el mando de un general del ejército.
De acuerdo al organismo decenas de personas usuarias corrientes de las redes sociales, así como artistas musicales, periodistas e incluso titiriteros, han sido procesadas por motivos de seguridad nacional.
El organismo sostiene que su detención, custodia prolongada y condena a seis meses de cárcel y cinco años de libertad condicional por su participación pacífica en manifestaciones es un intento descarado y atroz de intimidar a quienes protestan pacíficamente contra la ocupación de Israel.
La sentencia estableció el actuar arbitrario de la federación a aplicar una media disciplinaria a la joven deportista que declinó invitación a torneo internacional en Paraguay, por tener que representar al país en el Torneo Sudamericano Escolar, disputado en Bolivia, en 2017.
El máximo Tribunal ordenó al Tribunal de primera instancia admitir a trámite y remitir al Ministerio Público para los fines pertinentes, la querella presentada por la sociedad La Península S.A. en contra de la empresa Solvtrans y filial chilena de naviera noruega.
El máximo Tribunal acogió el recurso de casación deducido y anuló cláusulas de contratos que no respetan el tamaño mínimo de las letras establecido por ley.
El Tribunal establece que se trató de un solo indicio y no de dos como lo preceptuaba la norma, sin que la secuencial huida de esta persona ante la presencia policial pudiera considerarse como otro más, pues se verificó con posterioridad al intento de fiscalización propiamente tal.
Se condenó a Herman Chadwick Larraín a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva por igual lapso, en calidad de autor del delito reiterado de ventajas indebidas del síndico.
El presidente de la instancia, Sergio Páez, aclaró que «es de control de las Corporaciones la contratación de los equipos o arriendos de los parlamentarios, puesto que ellos tienen otras funciones legislativas y de representación popular».
El Tribunal estableció que el despido del trabajador recurrente se ajusta a la norma legal, por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, al haber insultado y golpeado a un estudiante.
