La sentencia considera que la infracción de normas procesales de orden público no es susceptible de convalidarse, de forma tal que pudiendo y debiendo el tribunal proceder, lo hace mediante el uso de sus facultades de oficio.
La gestión pendiente invocada recae en un proceso administrativo disciplinario seguido ante la Corte de San Miguel.
El máximo Tribunal sostiene que en varias oportunidades se manifestó al respecto, por lo cual se expresa un criterio estable y asentado de unificación de jurisprudencia en relación a esta materia de derecho.
La nueva norma laboral simplifica el procedimiento de la negociación colectiva reglada.
El abogado español Óscar Fernández León señala que el informe oral no se limita a una mera exposición anárquica de los hechos, pruebas y argumentos resultantes, sino que está sometido a una serie de principios estratégicos.
De acuerdo a la FNE, «el estudio refleja en general una buena percepción de la actuación y capacidad disuasiva de la FNE y de la institucionalidad chilena, lo que se manifiesta en los elevados porcentajes de aprobación que obtiene en el mundo legal especializado el desempeño de la institución”.
El máximo Tribunal revocó las resoluciones recurridas que habían rechazado los recursos, al considerar arbitrario privar del derecho a sufragio a internos en recintos penales que no tengan suspendido dicho ejercicio.
El Tribunal de alzada confirmó con costas la sentencia apelada, dictada el 7 de octubre pasado, por el Segundo Juzgado de Policía Local.
El Tribunal de alzada condenó a penas de 7 años de presidio a los agentes César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann.
La sentencia del máximo Tribunal establece que el Tribunal de alzada cometió falta o abuso al dictar el sobreseimiento en etapa temprana de la investigación y con diligencias pendientes.
