Los hechos constitutivos de infracción se vinculan con la ejecución de un proyecto de desarrollo minero sin contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y con el incumplimiento de una instrucción de carácter general asociada a la caracterización de las descargas de residuos industriales líquidos (RILes). En cuanto a las medidas provisionales ordenadas, éstas tienen por objeto evitar tanto la afectación de las turberas existentes en el área de desarrollo del proyecto, como la descarga de RILes con alta turbiedad a cursos de agua superficiales.

El máximo tribunal revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago y estableció el actuar ilegal y arbitrario del Mineduc al establecer una diferencia o discriminación arbitraria entre instituciones de educación superior que integran un mismo grupo o categoría, al restringir el número de matriculados, sin especificar los motivos o razones que den sustento a dicha decisión y en contradicción con el mayor número de técnicos de nivel superior que prevé el mercado laboral.

El Tribunal de alzada descartó amenaza, amago o perturbación de los derechos del recurrente por la difusión de la información en portal web.

La judicatura de fondo no razonó adecuadamente sobre la prueba aportada al juicio al estimar que no existía responsabilidad del municipio por falta de servicio, debido a la pobre mantención del juego que produjo el accidente.

El Tribunal de alzada ratificó íntegramente la sentencia impugnada, dictada por el Decimotercer Juzgado Civil de Santiago, que hizo lugar a la excepción de prescripción extintiva opuesta por los demandados.

Solo estarán exceptuados los automóviles nuevos de casi cuatro mil kilos que se dirijan a las concesionarias para ser vendidos.

El requirente alegó que la restricción recursiva resulta carente de razón y vulnera su derecho al debido proceso.

La institución recurrida decidió trasladar a los dos gendarmes a la ciudad de Valparaíso, a fin de no alterar la composición familiar y respetar al interés superior del hijo de ambos funcionarios.

El tribunal de primera instancia rechazó la solicitud de cambio de apellidos, aduciendo la existencia de dos condenas en el registro de anotaciones penales del actor y que no había cumplido el plazo de 10 años que exige la ley para optar a la modificación nominal.

La requirente alega que la aplicación de los preceptos legales impugnados vulnera su derecho a un justo y racional procedimiento, el derecho de propiedad y la seguridad jurídica.