El requirente alega que la municipalidad pretende cobrar por derechos de publicidad impagos un interés penal que vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.
Con sanción de suspensión hasta inhabilidad en el cargo, en miras a impedir que se perpetúe el negocio de venta de loteos irregulares, estafando y aprovechándose de la necesidad y sueño de la casa propia.
Con el propósito de prevenir un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas previo a examinar la solicitud de medidas provisionales y las observaciones a la misma, esta Corte estima necesario ordenar al Estado de Guatemala que se abstenga de ejecutar la decisión del tribunal nacional.
El Tribunal Electoral Regional del Biobío le impuso la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el lapso de cinco años por no abstenerse en la toma de decisiones relacionadas con su pareja sentimental.
Un Estado miembro puede asignar a la referida autoridad la competencia para imponer a esos operadores la devolución de las cantidades que hubieran percibido incumpliendo las exigencias relativas a la protección del consumidor, en particular las relativas a las obligaciones de transparencia y de facturación correcta.
Durante el debate, se destacó la moción que busca promover la inclusión, especialmente en grandes y medianas empresas, mediante la elaboración de un informe anual sobre el estado de la equidad de género al interior de la organización y las medidas adoptadas en su favor.
Se aplicarán las mismas penas que a diversos tipos de robos y hurtos (incluye, entre otros, los robos con violencia o intimidación en las personas). Pero se agrega una sanción consistente en una multa de 75 a 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) cuando la madera sustraída tenga un valor que supere las 10 UTM.
El máximo Tribunal descartó infracción a las normas reguladoras de la prueba en el fallo que acogió la demanda.
Si bien es discutible la decisión de la magistratura de limitar las fallas o defectos en la construcción a los consignados en el acta definitiva de entrega de la propiedad, no puede tener influencia en lo resolutivo si se tiene en consideración que no se acusó la vulneración de normas reguladoras de la prueba que habrían posibilitado a esta Corte modificar los hechos establecidos en la instancia.
La metodología consistirá en identificar y luego sistematizar los criterios que permitan automatizar y agilizar en algunos aspectos la gestión y tramitación de los recursos de protección materia del proyecto y, en su caso, insumos para las resoluciones de aquellos, sin que ello signifique incidir en asuntos jurisdiccionales y de decisión de la Corte.
