Bajo la premisa de que «en Chile el Estado es el peor empleador», senadores aseguran que es necesario cambiar la institucionalidad existente.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación deducido en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que desestimó la demanda, tras establecer que no hubo vulneración al derecho a la honra de la demandante durante allanamiento y detención en 2013.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada que acogió la demanda presentada y ordenó al centro asistencial privado pagar a la paciente $75.139.651 por concepto de daño emergente actual; $4.330.539, por daño emergente futuro, y $120.000.000 por daño moral.
Los procesos fueron investigados por los Ministros en visita Leopoldo Llanos Sagristá y Mario Carroza Espinoza, respectivamente.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación deducido en contra de la sentencia que desestimó la demanda, tras descartar responsabilidad del órgano estatal en la insolvencia de la Cooperativa y los perjuicios que produjo en los ahorrantes.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, que acogió el despido injustificado y cobro de prestaciones, tras establecer la relación laboral entre las partes.
El Tribunal de alzada desestimó la acción constitucional, tras establecer que el sumario administrativo que el recurrente pide invalidar se encuentra pendiente.
Gauri van Gulik, directora para Europa del órgano, declaró que «es un día aciago para la libertad de prensa y la justicia en Turquía que sienta un aterrador precedente para decenas de periodistas que se enfrentan a juicios por cargos falsos de terrorismo similares».
Para pronunciarse acerca de la admisibilidad del requerimiento la Sala designada por el Presidente del TC confirió ?traslado a las demás partes de la gestión invocada, por el término de diez días?.
La gestión pendiente incide en autos ejecutivos sobre cumplimiento de sentencia laboral, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, en los que se solicita el embargo de determinados bienes de la subvención escolar de la requirente debido a una sentencia laboral en su contra.
