El Tribunal descartó actuar culpable o negligente de los demandados, al considerar que, tras la intervención, se hizo un seguimiento al paciente que permitió constatar, previo análisis y manejo de un equipo multidisciplinario, la existencia de una perforación al duodeno, la cual al fracasar los tratamiento no invasivos, fue tratada en forma quirúrgica, sin lograr la recuperación del paciente, quien falleció meses después, el 1 de octubre de 2014.

“Sólo podría pensar en establecerse como obligatoria la vacuna COVID cuando todo el mundo tuviera acceso real a la vacuna. Ahora mismo hay muchas restricciones para acceder a la vacuna y, además, colectivos como los menores, se encuentran fuera del plan de vacunación”, destaca Eduard Blasi, abogado experto en privacidad y coordinador del grupo de salud en la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP)

El resultado práctico de la aplicación de los artículos objetados es que una decisión exclusiva del Ministerio Público determinaría que el ofendido por un delito no puede ejercer el derecho de accionar penalmente y requerir de los tribunales de justicia la tutela efectiva de sus derechos.

Para que se configure una funa no basta el mero cuestionamiento, sino que debe haber además ánimo de dañar la imagen del afectado.

El sentenciador había declarado justificado el despido del actor fundado en la causal prevista en el artículo 159 N°5 del Código del Trabajo.

El Máximo tribunal coincidió con la decisión adoptada en la sentencia impugnada.

El demandado mantuvo un evidente desinterés en dar solución a la consumidora que sufrió la sustracción de su teléfono en la sucursal bancaria.

Los recurrentes alegan que llevan años residiendo en la comuna y han participado en múltiples procesos electorales en la circunscripción.

La decisión se adoptó dentro del procedimiento sumario seguido en contra del actor.

La decisión de cierre definitivo no se acompañó de una justificación adecuada y suficiente de conformidad con parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.