El máximo Tribunal indicó que la resolución materia de la presente acción constitucional incurre en un vicio de origen, dado por el exceso de atribuciones que se adjudica para sancionar los hechos a que se refiere.

Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García, Romero, Pozo y Silva, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, el 19 de marzo pasado.

La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Prado y la Ministra Sandoval, quienes estuvieron por confirmar la sentencia apelada.

La iniciativa, remitida a segundo trámite, establece la obligación de elaborar estudios de impacto ambiental cuando los proyectos o actividades presenten esta forma de contaminación.

La propuesta, discutida a la luz del informe de la Comisión mixta describe un amplio listado de delitos relacionados con el ámbito sexual cometidos en contra de menores de edad que no serán prescriptibles a partir de la publicación de la ley.

La Comisión indica que en su aparición ante al tribunal eran evidentes los signos de tortura por los cuales hubiera pasado. Estaba en silla de ruedas, tenía las uñas ensangrentadas, no podía hablar y solo asentía cuando le preguntaban si había sido torturado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Dos votos particulares de tres magistrados sostienen que el precepto era constitucional porque el legislador puede elegir a quién indemnizar.

Cabe recordar que hace 6 años el ministro de Salud, Jaime Mañalich, encabezó la tramitación del proyecto que modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un plan garantizado. Este martes 2 de julio, él mismo propuso cómo «resucitar» la norma frente a la actual Comisión de Salud del Senado.