El Tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida que condenó al Centro de Biología Molecular y Genética Limitada a pagar $10.000.000 a la madre de menor, por entregar resultados que fueron corregidos por pruebas realizadas por el Servicio Médico Legal.
Máximo tribunal acogió la demanda presentada por la empresa concesionaria por los daños provocados en la plaza de peaje de Pichidangui, al establecer la responsabilidad de los demandados por la mala estibación de la carga del vehículo que provocó los daños.
El fallo afirma que el Tribunal Constitucional ha sido configurado por la Constitución como un “verdadero órgano jurisdiccional”.
La gestión pendiente invocada recae en una demanda por despido y cobro de prestaciones seguida ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
El recurrente invocó un fallo emanado de la Corte de Santiago, relativo a la interpretación del artículo 10 del Estatuto Administrativo, Ley 18.834.
La decisión fue acordada con el salvamento de los magistrados Calle, Rojas y Vargas, toda vez que, en su concepto, el inciso segundo ha debido ser declarado inexequible en su integridad.
La gestión pendiente incide en recursos de casación en la forma y en el fondo, de que conoce la Corte Suprema.
El recurrente estimó vulnerado su derecho a la honra, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental.
La Contraloría hace presente que sus informes jurídicos son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización.
La gestión pendiente invocada recae en un recurso de protección de protección, interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
