El recurrente solicitó la exclusión de un Magistrado al considerar que la actuación del mismo Juez en una causa anterior por perjurio vulneró las garantías del debido proceso.
Esto, con ocasión de la crisis sanitaria, y en atención a las facultades que el artículo 18 del DS N°66 le otorga al Ministerio de Obras Públicas en casos excepcionales.
La atenuante pasional invocada por el recurrente fue desestimada al no poder probar que se encontraba limitado de comprender los alcances antijurídicos de sus acciones, debido al excesivo consumo voluntario de alcohol y drogas con anterioridad al hecho.
La propuesta desatiende valiosos aprendizajes institucionales y tradiciones constitucionales, como la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en cuanto al gasto público.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el castigo impuesto era desproporcionado y contrario a la libertad de expresión, título invocado por los afectados para pedir la anulación de la condena por el Supremo.
La normativa, publicada en el Diario Oficial, establece los plazos de inscripción para este proceso, señalando que «quienes manifiesten su voluntad de recibir aportes y efectuar propaganda electoral para el próximo plebiscito, deberán inscribirse en el Servel en un plazo de 3 días a partir de la publicación del decreto convocatorio presidencial».
El Tribunal de alzada ratificó en todas sus partes la sentencia de primera instancia.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e injustificado de la demandada al mantener interrumpido el servicio desde agosto del año pasado, por lo que ordenó, además, oficiar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que fiscalice la correcta ejecución de lo resuelto.
El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que estableció la responsabilidad por falta de servicio, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud y la municipalidad, al no adoptar las medidas necesaria para mantener bajo control a los perros vagos.
La organización Jackson buscaba anular una ley del estado de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo (tres meses y medio) a menos de que sea un caso médico de emergencia o que exista una anormalidad fetal severa.
