En su fallo, el máximo Tribunal consideró que el artículo 8° del precitado cuerpo legal “establece que el Servicio de Tesorerías pagará el bono a los beneficiarios y para ello el jefe superior del servicio o jefatura máxima respectiva le remitirá copia del acto administrativo que lo concede y los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los números 2 y 4 del artículo 2° de esa ley”, que dicen relación con “tener 20 años de servicio a lo menos en las instituciones a que se refiere el artículo 1° y tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres”.

La gestión pendiente invocada incide en un recurso de casación en la forma y apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante los cuales se impugna la sentencia que condenó a Entel a reembolsar las sumas de dinero que corresponden al costo del traslado de las instalaciones que mantenía en bienes nacionales de uso público.

Concluye que de los antecedentes recopilados por el Gobierno desde las redes sociales pueden constituir datos personales, en tanto sean éstos concernientes a personas naturales, identificadas o identificables, se debiera aplicar a su respecto las normas de la ley sobre protección de datos, y si en cambio no pueden ser asociados a un titular identificado o identificable, sólo utilizando la información como datos estadísticos, no se pondría en riesgo la privacidad de las personas.

En su resolución, el tribunal de alzada sostiene que de aplicarse la norma impugnada se podrían lesionar –entre otras garantías- el derecho a la vida, la que no puede desarrollarse adecuadamente al ser suprimido o interrumpido el suministro de agua potable.

“La medida de expulsión adoptada por la recurrida lo fue dentro del ámbito de sus facultades y dándose los supuestos que para ello establece la ley”

En cuanto a la suspensión del procedimiento seguido ante la Corte Suprema dispuesta por la Magistratura Constitucional, la decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Fernández Fredes.

“poseemos una tasa de hacinamiento del 60%, por lo que requiere adoptar medidas para racionalizar el uso de los penales y principalmente, para poder focalizar la inserción social”.

“Por no revestir la factura” ninguna de las “calidades referidas” para que procediera “la comunicación y posterior inclusión de ésta en la base de datos de DICOM era necesario que en ella constara el asentimiento expreso del deudor”.

«…no contienen una motivación congruente con el contenido de la denuncia presentada, por no emplear una argumentación axiológica respetuosa con la naturaleza de los derechos fundamentales implicados, y habida cuenta de que por dichos órganos judiciales se procede a adoptar esta medida de cierre de la instrucción cuando todavía existían medios razonables y eficaces de investigación a su alcance para confirmar o desmentir la denuncia presentada, susceptibles, por ello, de despejar las dudas persistentes».

Las gestiones pendientes invocadas inciden en procesos sobre acumulación de infracciones a la Ley de Tránsito pendiente de resolución ante el Juzgado de Policía Local de Lo Barnechea y de Las Condes.