La inhabilidad que aqueja a la recurrente aplica para cualquier cargo u oficio que importe el ejercicio de una función o servicio público, independiente de la forma de contratación.
Esto, a propósito de consulta efectuada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso.
Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designando como redactor al Ministro García.
El cobro solo puede exigirse por las emisiones informadas por las empresas a la Superintendencia del Medio Ambiente a partir del segundo semestre del año 2016.
La decisión incide en el fallo de un Tribunal Federal de Apelaciones que falló contra la Administración del Presidente Trump, argumentando que la administración no tiene la autoridad para desviar los fondos asignados para el Departamento de Defensa.
La Corte Suprema señaló que, la rebaja de la multa tiene como principal fundamento el principio de proporcionalidad que rige el derecho administrativo sancionador.
Señala que la petición y la medida cautelar se presentan en razón de graves infracciones, incumplimientos de obligaciones de respetar, garantizar y adecuar normativas.
El recurrente estimó vulneradas las garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 8 y 9.
El máximo tribunal ibérico señaló que, las actuaciones realizadas con carácter previo a la entrada en domicilio, no pueden considerase a efectos del cómputo del plazo del artículo 150 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
La reclamante argumentó que el permiso ambiental sectorial relativo a la ejecución de construcciones industriales fuera de los límites urbanos no debió ser aplicado, ya que el Proyecto se trataría de una actividad primaria, y no implicaría construcciones o edificaciones industriales.
