El Tribunal de alzada confirmó la multa aplicada por la autoridad al exdirector por uso de información privilegiada, tras establecer que el ordenamiento jurídico chileno permite sanciones conjuntas a quienes infringen la normativa del mercado de valores.
Entre las disposiciones se aborda el tema de las apelaciones que pueden realizar las instituciones de educación superior y la extensión de la fecha en que deberán ser aprobados y publicados los criterios y estándares de calidad exigibles a las entidades educativas.
La Comisión de Constitución acordó pedir documentación al Ejecutivo, a la Secretaría de la Cámara y a la Biblioteca del Congreso Nacional, para cubrir falencias que presenta la norma.
La OIT valoró que se esté impulsando una reforma que permita incrementar el monto de las actuales pensiones, pero pidió hacer un mayor esfuerzo en materia de pensiones solidarias.
El Tribunal de alzada acogió la pretensión del estudiante y ordenó dejar sin efecto la medida, tras establecer que la recomendación de la comisión universitaria al vicerrector de suspender provisoriamente al alumno, era hasta que se resolviera la investigación en sede penal.
El Tribunal acogió la demanda de indemnización interpuesta por García Saldaña y rechazó la excepción de prescripción y la excepción de pago total opuesta por Fisco.
El Tribunal hizo lugar a la acción judicial deducida, tras establecer que se puso término al contrato en forma unilateral y discrecional, ordenando a la demandada pagar una indemnización de $9.222.128 por concepto de lucro cesante.
El ente contralor precisa que, será menester que se cumpla con las exigencias tanto de orden aeronáutico como sanitario.
El fallo que lo motiva no existe pronunciamiento sobre la materia de derecho respecto de la cual se pretende la unificación de jurisprudencia.
La denunciante sostuvo que su despido fue una represalia por solicitar a la Inspección del Trabajo de Coquimbo que fiscalizara la situación de informalidad laboral en que se encontraba.
