El recurrente estimó vulneradas las garantías del artículo 19 numerales 2, 16 y 18 de la Constitución Política de la República.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de amparo, seguido ante la Corte de Santiago.
La Magistratura constitucional sostuvo que la limitación de un derecho fundamental no puede ser tolerada si no está rodeada de suficiente determinación y especificidad como para garantizar una protección adecuada a la esencia del derecho y a su libre ejercicio.
La Corte Suprema señaló que, resultó evidente que el acto de clausura recurrido se ajustó a la ley.
Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías del artículo 19 numeral 3 inciso 4 y 24 de la Constitución.
Corte de Antofagasta señaló que recurrente no acreditó que máquinas sean de destreza para obtener permiso municipal de funcionamiento.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso concluyó que no existió un acto ilegal ni arbitrario.
La Comisión de Hacienda del Senado aprobó los artículos propios de su competencia y la iniciativa quedó en condiciones de ser analizada en particular por los senadores.
La norma será aplicable a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. También se aplicarán a la Contraloría General de la República, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a los gobiernos regionales y a las municipalidades.
El Tribunal de alzada acogió con costas la acción cautelar, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario del banco, al denegar la restitución de los fondos defraudados.
