La resolución impugnada se fundamenta en que el amparado no cumple con los requisitos que la legislación de extranjería establece para residir en Chile, constando en la misma que el recurrente efectuó declaraciones falsas en su solicitud de residencia.
Se solicita a la Corte Suprema que invalide la sentencia impugnada, dictando el fallo de reemplazo que acoja la reclamación judicial.
El objetivo central del documento es brindar una herramienta de promoción y cooperación técnica en la materia, para personas usuarias del sistema, como operadores de políticas públicas, y demás agentes de los poderes estatales, sociedad civil, movimientos sociales, academia, entre otros.
El demandante tiene que precisar qué derecho, cuál de los tres, considera que se ha visto lesionado. Se trata, dicho con otras palabras, de derechos autónomos, de modo que, al tener cada uno de ellos su propia sustantividad, la apreciación de la vulneración de uno no conlleva necesariamente la vulneración de los demás.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Pica y Jaramillo (s) quienes estuvieron por declarar la inadmisibilidad del requerimiento, por concurrir la causal prevista en el artículo 84 N° 5 de la LOCTC, esto es, los preceptos impugnados no resultarán decisivos en la resolución del asunto.
La recurrida no tuvo en cuenta la situación familiar del actor, el cual se encuentra amparado por el artículo 74 del Estatuto Administrativo, que tiene como fin último evitar alejar a funcionarios que tengan vínculo familiar con residencia en la misma localidad que sean separados por actos de la autoridad administrativa.
Con todo, declaró que la recurrida debe ajustar su actuar a futuro a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Ley N°21.091, sobre Educación Superior, que consagran la importancia de la continuidad de los estudiantes con discapacidad en el sistema de educación y la implementación de los ajustes que deben realizar las casas de estudios
Las restricciones practicadas fueron aplicadas en conformidad al capítulo 1-14 de la Recopilación de Normas dictadas por la SBIF, que señala que en el caso de operaciones no habituales de un usuario, el banco debe exigirle una declaración sobre el origen de los fondos retirados y acompañarla con documentación que la sustente.
La convalidación del despido exige la concurrencia copulativa de los requisitos señalados en el inciso sexto del artículo 162 del Código del Trabajo.
En su sentencia, la Magistratura brasileña adujo que es preciso aplicar el principio de solidaridad entre las entidades federadas en relación a las demandas relacionadas con los servicios públicos prestados a refugiados y / o migrantes extranjeros al territorio nacional.
