El máximo Tribunal estableció que corresponde el pago de la subvención especial a los profesores recurrentes.
En el caso, la letrada había sido notificada para la conciliación y posterior juicio y cuando pasados más de 10 minutos se le llama por tres veces, estando la contraparte presente, se levantó acta de incomparecencia y se la tuvo por desistida.
Se pidió informe a las Cortes de Apelaciones del país, al Colegio de Abogados y a la Dirección de Estudios de la Corte Suprema sobre la conveniencia mantener la tabla, atendida la vigencia de la ley de tramitación electrónica.
El presidente del CPLT, Marcelo Drago, afirmó que «ante crisis institucionales como las que viven el Ejército y Carabineros, la Armada debiera tomar la oportunidad y optar por el camino de la transparencia».
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, que acogió la demanda deducida en contra del Fisco tras establecer que Higuera Zúñiga fue víctima de un crimen de lesa humanidad.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la Municipalidad de Lo Barnechea a dictar el decreto que reduce los horarios.
La ley, asumiendo la superioridad física de cualquier hombre, frente a cualquier mujer, asume también una circunstancia de sometimiento de esta última al primero.
El Tribunal acogió la acción de tutela deducida en todas sus partes, ordenando a la empresa el reintegro de la trabajadora y el pago de una indemnización por daño moral, entre otras medidas reparatorias.
El Tribunal arribó a la convicción de que los ciudadanos extranjeros viajaron a Chile en el entendido de lo hacían para trabajar en un local comercial; además de contar en Santiago con alojamiento, alimentación y conexión a internet.
Como revela el nuevo informe de Amnistía Internacional sobre la represión mundial contra la sociedad civil, desde 2017 en todo el mundo se han adoptado o están en trámite casi 40 instrumentos legales concebidos para obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
