La requirente aduce que al impedir la interposición del recurso de casación se vulnera el derecho al debido proceso y específicamente el derecho al recurso.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara de Diputados.
El Tribunal Constitucional de España estimó el conflicto de atribuciones planteado por el Congreso de los Diputados contra el Gobierno.
La gestión pendiente incide en autos sobre juicio arbitral, seguidos ante el Juez Árbitro Rafael Gómez Balmaceda.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara de Diputados.
Por otra parte, la decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Sandoval y el abogado integrante Matus.
Entre otras medidas, la iniciativa contempla la «Cláusula PYME», regímenes especiales opcionales de tributación que permitirán a las MIPYMES liberar recursos para fines productivos; una serie de herramientas para facilitar el cumplimiento tributario por parte de estos contribuyentes, y la creación de la Defensoría del Contribuyente (DEDECON).
A través de una solicitud de acceso a la información se requirió copia de las estadísticas que genera la policía uniformada, pero la respuesta fue denegada por la institución en los términos solicitados.
El Tribunal estableció que existió una vulneración de derechos fundamentales en relación a la garantía de indemnidad.
De los 19 países de América Latina y el Caribe, solo cinco están entre los 50 más digitalizados del mundo.
