El Tribunal de alzada rechazó el recurso de reclamación interpuesto por la Compañía General de Electricidad S.A. en contra de la resolución sancionatoria dictada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

El Tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, dictada por el Primer Juzgado de Letras de La Serena, y estableció, además, el pago de bono poslaboral por un valor total de $51.489.963.

La sentencia señala que, no se puede pretender atribuir un efecto inconstitucional a la aplicación del precepto legal por el simple hecho de haberse infringido -en opinión del requirente- el orden procesal correspondiente.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación impetrado por improcedente.

En cuanto a la cuestión constitucional, indica que consiste en dirimir si, mediante la aplicación del artículo 127 del Código de 1932, la decisión del Juez del Fondo que declare caducados los derechos mineros de la requirente, resulta contraria a la isonomía en la ley.

El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró abandonados los recursos de casación al no haberse consignado el dinero de las compulsas respectivas.

El máximo Tribunal de Brasil adujo que, a nivel internacional, las Reglas de Bangkok de 2010 aseguran que la adopción de medidas no privativas de la libertad debe ser preferida en el caso de mujeres embarazadas y con hijos a cargo.

La decisión fue acordada con el voto en contra de las Ministras Brahm y Silva, y de los Ministros Letelier y Fernández, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento.

El ente contralor constató que causante fue exonerada por motivos políticos de Confecciones Burger, el día 14 de diciembre de 1977 y que, a la data de su deceso, ocurrido el 1 de diciembre de 1993, no había solicitado ser reconocida como tal.

Incorpora a funcionarios públicos que anteriormente no podían optar a este procedimiento, como los del Poder Judicial.