El Tribunal de alzada anuló la resolución recurrida, y en sentencia de reemplazo, acogió la denuncia y ordenó a la empresa el pago de una multa de 100 UTM a beneficio del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, administrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la reincorporación del recurrente.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica, Vásquez y Fernández.

El Tribunal acogió la acción judicial deducida, tras establecer la responsabilidad del municipio en los padecimientos sicológicos acreditados por la trabajadora, debido al tratamiento hostil a que la sometieron sus jefaturas, ordenando el pago de una indemnización de $1.500.000 por concepto de daño moral, a la demandante.

El máximo Tribunal mantiene la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Santiago que ordenó al centro asistencial pagar $9.632.111 por daño emergente, y $10.000.000 por daño moral al demandante.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la asociación al expulsar al recurrente al margen de los normas disciplinarias estatuidas por la organización gremial.

El Tribunal de alzada acogió la acción judicial presentada en contra de la resolución de la Comisión Evaluadora de Gendarmería que rechazó la postulación del condenado.

Además, la Corporación contempla en su agenda otras cuatro propuestas de ley y la realización de un homenaje al exsenador y exdiputado, José Musalem Saffie, recientemente fallecido.

Entre ellas: la que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género; la que tipifica el acoso sexual en público; y la que elimina privilegios procesales a las autoridades eclesiásticas.

De acuerdo a la Comisión, en la última semana fueron reportados los asesinatos de los periodistas Rogelio Barragán, director del medio de comunicación «Guerrero al instante» (Morelos), Edgar Alberto Nava, director del portal de noticias «La verdad de Zihuatanejo» (Guerrero) y Jorge Celestino Ruiz, del diario «Gráfico de Xalapa» (Veracruz).

La Comisión Interamericana advierte con profunda preocupación que las muertes en el estado de Pará ocurren en un contexto de reiterados actos de violencia en los recintos penitenciarios de Brasil, mismos que se caracterizan por altos niveles de hacinamiento y deplorables condiciones de detención.