El impedir al actor obtener su grado académico por exigencias derivadas de su situación de deuda es discriminatoria y vulnera la garantía contenida en el artículo 19, Nº2, de la Carta Fundamental.
Mantener aquella deuda con posterioridad a la sentencia firme en un proceso de liquidación voluntaria, amenaza la igualdad con que la actora debe ser tratada respecto a otras personas sin antecedentes comerciales.
Las normas objetadas permiten decretar el desalojo sin oír previamente a la entidad afectada.
La ponderación de derechos en colisión debe considerar las implicancias concretas en la restricción de un derecho, y debe ir más allá de un análisis puramente normativo.
La norma legal impugnada produce un efecto que pugna con la racionalidad y justicia procedimental garantizada en el artículo 19, Nº 3º, inciso sexto, de la Constitución.
El objetivo perseguido con este beneficio es prestar nuevos apoyos a las MYPEs, que se han visto afectadas en el contexto actual de la crisis sanitaria y económica.
El Teniente Coronel retirado temporalmente de la institución por haber organizado una reunión con un aforo mayor al permitido, alega que la presunción de culpabilidad no le ha permitido desvirtuar los cargos que se le imputaron, ni de contar con asesoría letrada.
El actor alega que de haberse evaluado las ofertas sin arbitrariedad y con estricta sujeción a las bases, se habría adjudicado el proyecto, ya que contaba con la mejor oferta.
La sentencia impugnada al rechazar la demanda condicionó al proyecto minero a que contara con autorizaciones sectoriales, no contempladas en el Código de Minería y en la Ley Orgánica sobre Concesiones Mineras.
El beneficio de la Ley 19.933 no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma pretendida por los demandantes, sino que las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo.
