El máximo Tribunal estableció que no existe vulneración de derechos en la resolución que rechazó la toma de declaración en el domicilio del recurrente y contar con la asistencia de su abogado.
El máximo Tribunal desestimó el recurso intentado en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, por manifiesta falta de fundamento, al estar dirigido en contra de los hechos que fueron asentados por los jueces del fondo.
En la resolución, la ministra en visita procesó al otrora general Cristián Le Dantec Gallardo, en calidad de autor del delito de malversación de caudales públicos por un monto total de 83.052,6 unidades tributarias mensuales (UTM), equivalentes, actualmente, a $4.612.492.246.
El requirente estima que se le aplica una sanción injusta y desproporcionada, afectando sus derechos de propiedad e igualdad ante la ley.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El fallo explica los términos en que es reconocida la intervención de terceros en el proceso en nuestro ordenamiento jurídico.
Frente a la falta de una efectiva investigación y fiscalización de la SEC, queda en evidencia la necesidad de realizar un recalculo de los montos a cobrar al actor.
Se trata de la norma que permite que la Dirección General de Aguas ordenar directamente el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de las atribuciones que le entrega el Código de Aguas.
No existe un acto ilegal o arbitrario atribuible a la conducta de los recurridos, así como tampoco un derecho indubitado al que dar protección urgente.
Los hechos denunciados, eventualmente, pueden constituir una vulneración de las garantías denunciadas.
