El requirente estima que vulneran sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, proporcionalidad de las sanciones, derecho de propiedad y seguridad jurídica.
De esta forma, el empleador no puede aludir a otros hechos no contenidos en esa comunicación.
La resolución en análisis exige recurrir al principio pro-administrado, en cuya virtud es preciso interpretar la normativa aplicable de manera que no se perjudique al administrado.
El legislador consagró una tutela ostensiblemente completa.
El requirente alega que le impide ejercer su derecho a ejercer acción penal, vulnerando también su garantía al debido proceso.
La gestión pone en movimiento al órgano jurisdiccional y opera con efecto interruptivo para el prescribiente.
La confianza legítima solo exige que el acto que contiene la decisión de no renovar una contrata se encuentre debidamente fundado con razones objetivas.
El requirente estima que los preceptos impugnados transgreden su garantía de igualdad ante la ley y el debido proceso.
El Municipio de Lo Barnechea intentó cobrar más de 200 millones de pesos en deudas de patente municipal.
Los mensajes de odio no están amparados por la libertad de expresión consagrada en el artículo 10 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos.
