Los gobiernos regionales, las municipalidades y los servicios de vivienda y urbanización respectivos podrán designar, por una sola vez, a una persona que actuará provisionalmente como administrador. Debe ser un mayor de edad y no es necesario que esté inscrito en el Registro Nacional de Administradores de Condominios.

En la audiencia técnica sobre libertad de expresión organizada por la Corte Constitucional, a propósito de este caso y en cuyo desarrollo participó una representante de Facebook en Colombia, la actriz Esperanza Gómez dijo que la decisión de eliminar su cuenta de Instagram se basó en que supuestamente habría promocionado servicios sexuales para adultos, lo que infringió las normas comunitarias de la red social.

Al tratarse de una controversia de índole contractual excede los contornos de esta acción constitucional.

Esta situación se origina medularmente en base a la verdadera indeterminación jurídica en que, desde sus orígenes, se encuentra la referida CONAF.

La recurrente redujo sustancialmente el monto indemnizatorio, al acreditar que los jueces de fondo no pudieron relacionar correctamente los hechos asentados con la infracción contenida en la letra c) del artículo 4 de la Ley N°20.169, esto es, causar descredito, mala fama, o mentir respecto de la reputación de la empresa demandante.

El mandato de protección a la familia y a la infancia prevalece y sirve de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa de una disposición que afecte a la conciliación profesional y familiar. Ello obliga a valorar las concretas circunstancias personales y familiares que concurren en el trabajador, así como la organización del régimen de trabajo.

Si el despido es declarado improcedente, el empleador debe restituir los montos que descontó, en atención al inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728 en relación con los artículos 161 y 168 del Código del Trabajo.

Cualquier persona podrá ejercer dicha petición ante el juez pertinente, ya que, si la norma hubiese querido establecer al imputado como titular exclusivo de dicho derecho, lo habría dispuesto en forma expresa, razonó la Corte de Valparaíso, decisión revocada por la Corte Suprema.

La institución en virtud del artículo 90 del Reglamento de Armamento y Municiones se encuentra habilitada para fijar que los descuentos puedan ser realizados en parcialidades.

La base de esta iniciativa es que se trate de una política pública nacional y no de un hecho aislado en una región.