El Tribunal de Estrasburgo adujo que las jurisdicciones internas francesas no han evaluado los riesgos a los que el demandante se exponía en la hipótesis de que la medida de expulsión se hubiera ejecutado.
Se trata de una actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social.
No podrán efectuar este trámite las personas que no figuren con su derecho a sufragio habilitado en el Registro Electoral; las personas que figuren con un domicilio electoral en donde la colectividad no se encuentre legalmente constituida o figuren con domicilio fuera del territorio nacional y las personas que figuren con afiliación política vigente.
Aquella información cuya naturaleza es pública, no pasa a ser secreta o reservada por el sólo hecho de que se acumule a un sumario incoado por el órgano requerido, especialmente, si no se ve frustrada la investigación que se lleva a cabo si es que se conociese o publicare la información.
La reforma constitucional quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados que citó a sesión de Sala para este viernes 23 de abril
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, que ordenó el pago de $80.000.000 por concepto de daño moral, más la cifra que se determine en la fase de ejecución del fallo, por concepto de indemnización por lucro cesante.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la compañía minera recurrida al realizar trabajos prospectivos sin autorización.
El Proyecto de Ley no habla en ningún momento de eutanasia, sino que, en cambio, conceptualiza y despenaliza la denominada «asistencia médica para morir», y la regula por medio de incorporar en la Ley Nº 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el Décimo Juzgado Civil de Santiago, tras dar por establecido el actuar negligente de la clínica privada al disponer el traslado de la paciente, lo que le provocó la muerte el 24 de abril de 2014.
El Tribunal de alzada descartó infracción en la decisión sancionatoria adoptada por la autoridad fiscalizadora, en mayo de 2019, con costas.
