La moción propone «eliminar la posibilidad que un establecimiento educacional sea cerrado, como consecuencia exclusiva de haber sido categorizado como de «desempeño insuficiente».
Respecto del nuevo inciso segundo propuesto se sugiere modificar la redacción en el sentido que clarifique que la jurisdicción otorgada a los respectivos países, no obsta a la jurisdicción de los tribunales chilenos sobre aquellas materias que, de conformidad a su legislación interna y el Derecho Internacional, se encuentran dentro del ámbito soberano de nuestro país.
El Tribunal de alzada acogió parcialmente la solicitud interpuesta por el INDH regional, en representación de los pescadores que denunciaron excesos en el procedimiento policial al intervenir la manifestación que realizaron el 2 de junio pasado, en el acceso a la localidad de Queule, comuna de Toltén.
El Tribunal acogió la demanda, tras establecer que Duplex no justificó la causal esgrimida en la carta de despido, la desvinculación del trabajador por necesidades de la empresa.
En junio de 2015, la SMA abrió el procedimiento sancionatorio contra las empresas, formulándoles un cargo por el fraccionamiento del proyecto Hacienda Batuco. En julio del mismo año las empresas presentaron un programa de cumplimiento ambiental, el que fue aprobado por el ente fiscalizador. Sin embargo, transcurridos tres años, la SMA declaró su incumplimiento, reiniciando el procedimiento sancionatorio.
La ministra vocera de la Corte Suprema y coordinadora del equipo de trabajo del Poder Judicial, Gloria Ana Chevesich, explicó que estas gestiones se promueven teniendo presente «el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, por lo que resulta necesario generar la posibilidad cierta que se cautelen los derechos de los alimentarios, incluso de oficio, por los tribunales de Familia del país».
El Tribunal de alzada no hizo lugar a los recursos deducidos por la Fiscalía, el querellante familia Luchsinger Mackay y la Intendencia Regional de La Araucanía, tras descartar que la sentencia impugnada se dictara con vicios legales.
El Tribunal de alzada consideró que está en riesgo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de la contaminación en el sector de Puntra.
El máximo Tribunal mantuvo la sentencia que estableció la negligente atención brindada en el servicio de urgencia a paciente de 79 años de edad, que fue dado de alta con calmantes, sin practicar los exámenes que habrían podido detectar que la caída que sufrió en la ducha le provocó la fractura de ocho costillas.
El Tribunal de alzada acogió la acción judicial, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida.
