Proyecto de ley impone a empresas distribuidoras de agua potable y energía eléctrica la obligación de señalar, en las cuentas físicas y digitales, niveles de consumo más eficientes y recomendaciones para optimizar el uso de estos recursos en el sector residencial.
Para promover una cultura de cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente y contribuir al presupuesto de las familias, especialmente de aquellas que pertenecen a los sectores más vulnerables de la población.