“el artículo 101 de la Constitución establece el rol de las Fuerzas Armadas vinculado a un fin interior y no exterior”. Su redacción, afirman, despierta dudas “acerca del alcance de los conceptos defensa de la patria y seguridad nacional”.
Cabe recordar que la iniciativa se originó en una moción de los senadores Soledad Alvear, Jorge Pizarro y Hosaín Sabag, para subsanar el vacío que se produjo con la entrada en funcionamiento del Ministerio encargado de la seguridad pública .
, “las personas en cuyo favor se recurre, en cuanto se encuentran beneficiadas” por la precitada norma “les asiste el derecho a ser reubicadas en el grado correspondiente de la escala de sueldos del personal de la institución”.
En cuanto al procedimiento común a aplicar, se dispone que el Tribunal conocerá de los asuntos en cuenta, salvo que se estimare conveniente oír los alegatos de los abogados.
Tales atribuciones, estiman los autores de la iniciativa, “no pueden exacerbarse” en el sentido de nombrar para tales “cargos a autoridades o representantes de la soberanía popular, elegidos en los términos establecidos en el artículo 5º de la misma Carta Fundamental”, pues Senadores “han sido designados Ministros de Estado”, lo que, en su opinión, contraviene “la decisión de los electores que han elegido a dichos representantes” en elecciones legítimas, privándolos, en forma injustificada “de sus representantes” lo que conlleva “un verdadero desprecio por los resultados de las elecciones”.
Existe una incongruencia que es necesario subsanar, pues mientras “no pueden ser elegidos parlamentarios los Ministros de Estado”, un parlamentario “sí puede dejar su cargo como parlamentario para desempeñarse como Ministro de Estado”.
Un particular dedujo recurso de protección en contra de “DICOM EQUIFAX” para que se deje sin efecto la emisión de informes a su respecto que contengan el denominado “predictor de riesgo”, ya que éste último –afirma- construye un juicio de valor sin ningún antecedente objetivo, lo que le causa menoscabo discriminándolo frente al sistema financiero […]
“que este principio se cumple actualmente, al establecer la citada norma constitucional que basta que la conducta penada esté expresamente descrita en la ley que impone la sanción”. De esta manera concluye que la “disposición puede ser objeto de interpretaciones diversas y contradictorias”, lo que hace necesario precisar la disposición constitucional para dar certeza a la garantía que ella reconoce.
Cabe recordar que la señalada competencia le fue asignada explícitamente a TC por la Reforma Constitucional de 2005 en relación a las normas de un tratado internacional que versen sobre materias propias de leyes orgánicas constitucionales.
(…)el traslado en ambulancia “no solamente constituye una forma de ejecución del tratamiento de diálisis a que se encuentra sometida la paciente, sino que además, el aludido tratamiento ha resultado eficaz al lograr la paciente una larga sobrevida”.
