La norma castiga penalmente los daños provocados a vehículos del transporte se encuentren o no en circulación, al igual que a quienes marquen con mensajes, firmas, rayados, u otras figuras o expresiones a medios de transporte público de pasajeros.

La requirente alega que la norma lo priva de acceder a la segunda instancia lo que transgrede su garantía a la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho al recurso, entre otras garantías constitucionales.

Tras finalizar la crisis sanitaria por la pandemia (COVID-19), el país ibérico decidió volver a las fuentes y restauró la obligatoriedad del uso de las togas para los profesionales del derecho.

Estimó que la decisión del tribunal de base de condenar a los encartados por un delito de lesiones en concurso con un cuasi delito de homicidio es errada, debido a que del propio fallo condenatorio se desprende la existencia de dolo eventual y, en tal sentido, la calificación de los hechos debió ser la de homicidio simple.

El establecimiento educacional aplicó la normativa correspondiente teniendo en cuenta las particulares características de los niños involucrados.

La ley eliminó la exigencia de tener que acreditar tener la condición de inválido y haber vivido a expensas de su cónyuge al momento de su fallecimiento.

Una empresa de casinos trasladó a una de sus trabajadoras -que es dirigente sindical- a las instalaciones de una empresa mandante diferente, debido a reclamos por su desempeño en el primer lugar, acto que es contrario al mandato legal del artículo 243 del Código del Trabajo en relación con el artículo 12 del mismo texto legal.

Las bases que rigieron la licitación reclamada establecieron una forma de evaluación distinta según si los proveedores contaban con los bienes en plaza o debían importarlos.

El máximo Tribunal, estimó que es un acto de autotutela por parte del empleador decidir no pagar la asignación de movilización y el bono de turno nocturno, a aquellos trabajadores que durante la crisis sanitaria autorizó a prestar servicios desde sus domicilios de origen y no en el lugar donde se ubica la faena minera, pese a que dichas partidas están expresamente reconocidas en el convenio colectivo vigente.

El requirente alega que la ausencia de parámetros objetivos para que el juez rebaje el precio mínimo de la subasta vulnera la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.