El máximo Tribual detalla que no se advierte la justificación de eliminar los delitos concursales como supuestos de la sanción.
El máximo Tribunal estableció que la empresa incurrió en vulneración de derechos fundamentales al despedir al trabajador sin justificar los motivos que fundan dicha decisión.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva y el Ministro Pica, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento, al estimar que concurren las causales previstas en los numerales 5° y 6° del artículo 84 de la LOCTC.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García Pozo, quienes estuvieron por declarar la inadmisibilidad del requerimiento, en virtud del artículo 84 N° 6 de la LOCTC.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Magistratura constitucional brasileña, sin embargo, negó una solicitud genérica para otorgar libertad a todas las mujeres privadas de libertad en estas condiciones.
La Magistratura constitucional española adujo que, por el tributo afectado, que es uno de los principales del sistema tributario español, y por la entidad de la modificación que se introduce en él, que alcanza a los elementos principales del pago fraccionado, se afecta al deber de contribuir.
La gestión pendiente incide en autos laborales, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
La medida había sido solicitada por la Asociación Española de Abogados Cristianos.
Los requirentes son futuros vecinos de un parque eólico.
