La acción fue desplegada sin contemplación alguna y puso de relieve un gravísimo desprecio por la vida y la condición de mujer de la víctima.
El texto, enviado ahora a la Comisión de Hacienda, se enmarca en la agenda de modernización del Estado. Entre las innovaciones de la ley se pueden mencionar la creación de un banco electrónico de funcionarios del sector público y la incorporación de más cargos al sistema de la Alta Dirección Pública.
De los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
Los actos administrativos, especialmente aquellos que afectan derechos de los administrados, deben contener suficientes fundamentos legales y fácticos. Su contenido tiene que bastar para explicar su motivación, no pudiendo complementarse con informes, documentación o explicaciones posteriores o paralelas.
El derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática.
Denuncian transgresión del derecho internacional indígena, en particular del Convenio 169 de la OIT, en virtud del cual el Estado tiene el deber de adoptar las medias especiales que se precisen para salvaguardar los intereses de los pueblos originarios, siempre en consideración de los deseos que éstos expresen libremente.
La demandante cumplió sus obligaciones y firmó el contrato definitivo en tiempo, mientras que la demandada lo hizo vencido el término pactado.
Durante el debate, los legisladores del Senado hicieron presente que han pasado 55 años desde la integración de la Isla de Pascua al territorio nacional “y el mundo ha cambiado, la ley debe regir para todos los pueblos de la tierra, sin distinción”.
Las víctimas de desastres naturales son sujetos de especial protección constitucional, pues se hallan en una situación de debilidad manifiesta.
Si bien el tribunal de base se encuentra obligado a pronunciarse respecto de la caducidad de la acción al proveer la demanda, ello sólo es procedente en la medida que de los datos aportados en la demanda se desprendiere claramente, circunstancia que no se cumple en este caso.
