El ciberbullying consiste en el uso de los medios telemáticos, como internet, telefonía móvil y videojuegos online, para ejercer acoso psicológico entre menores de edad.
No corresponde estimar que las declaraciones del Contraalmirante Parga vulneren el deber de obediencia, pues no se manifestó en contra de una decisión de la autoridad civil a la que se subordina, más bien se enmarcaron en el deber de brindar defensa jurídica a su personal.
En aplicación de la doctrina de la Contraloría que considera que la Dirección es el órgano competente para ratificar una destitución de una dirigente perteneciente a una Corporación Municipal de Derecho Privado.
La compensación no tiene como finalidad perpetuar, a costa de sus miembros, el nivel económico del que gozaban durante el matrimonio, sino colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del matrimonio en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el matrimonio.
Por una parte, el SERVEL alegaba la inexistencia de los datos requeridos, y luego justificaba su negativa en la necesidad de sistematizar datos para entregarlos al requirente, lo que evidentemente resulta contradictorio, y lleva a concluir que la información pública solicitada sí existe y debe ser entregada.
Además, para proteger las declaraciones de víctimas y testigos, estableciendo la obligatoriedad de confidencialidad en el proceso de identificación, recopilación y declaración.
El artículo 24 de la Ley N° 19.886 establece expresamente una acción de impugnación de los actos ilegales o arbitrarios que se estimen cometidos en la tramitación de un procedimiento administrativo de contratación pública, correspondiendo su conocimiento al Tribunal de Contratación Pública.
La pérdida de confianza constituye una valoración subjetiva, que debe basarse en hechos concretos e incumplimientos que justifiquen su invocación como justa causa de despido.
El tribunal dio por acreditado que entre los años 2008 y el 10 de mayo de 2019, sin que se puedan precisar fechas exactas, Daniel Mauricio Luna Hidalgo, quien se desempeñaba como camarógrafo de la Intendencia Regional de Tarapacá, grabó en diversas oportunidades las partes íntimas de víctimas femeninas y una masculina.
La sociedad de la Zona Franca de Iquique solicita la inspección personal del tribunal al lugar afectado y se argumentan diversos aspectos que dicen relación con una posible contaminación por concentraciones de hidrocarburo en las aguas subterráneas, en el alcantarillado y en el suelo, todas las que -según los antecedentes presentados- superarían los límites establecidos por normas nacionales e internacionales.
