La resolución destaca, entre las falencias que se han detectado en el proceso, se observan cuestionamientos al relato de la víctima; demora en las pericias que se derivan a otros servicios y programas; y exceso de causas en la Corporación de Asistencia Judicial.
Se trata de cuatro mociones que apuntan a garantizar derechos, tales como, opinar sobre su salud o debatir sus intereses en instancias de participación.
La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que, a pesar de que el receptor judicial notificó la demanda en un domicilio que no le pertenece, el legislador privó a los incidentistas del artículo 80 del Código de Procedimiento Civil de poder acceder a la suspensión del procedimiento principal y de todos los demás cuadernos hasta la completa resolución del incidente.
Es una decisión que debe ser calificada de arbitraria toda vez que no existe causa legal alguna que ampare hacer una diferencia entre egresados que presentan deuda y aquellos que no la tienen.
La programación de audiencia fijada por el Tribunal de primera instancia resulta ser desproporcionada, ya que sólo atiende a razones de eficacia de la persecución penal y eficiencia, sin considerar el principio de celeridad y el derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable y prudente.
La protección del bienestar animal es un valor ético al que las sociedades democráticas contemporáneas conceden una importancia creciente. La protección de la moral pública, a la que se refiere el artículo 9 del Convenio, no puede entenderse como destinada únicamente a proteger la dignidad humana en el ámbito de las relaciones interpersonales.
El Síndrome de Alienación Parental (SAP) no solo no es un síndrome diagnóstico, sino que estaría inhabilitado para expresar un diagnóstico y enunciar un tratamiento a seguir. Por lo tanto, metodológicamente sobre la base del SAP, no se puede hacer diagnóstico ni pronóstico, ya que, carece del estatus clínico necesario.
La pena de suspensión de licencia de conducir de cinco años impuesta resulta improcedente, porque es una pena que no está prevista bajo la hipótesis fáctica que se tuvo por establecida, contrariando, además, las especiales reglas de limitación de pena ante la admisión de responsabilidad dentro del procedimiento simplificado.
El caso se suscitó a raíz de una demanda presentada por tres ONG en 2023, que adujeron que el suministro de piezas para los aviones F-35 de Israel viola el derecho internacional. Aunque un tribunal inferior inicialmente desestimó estas reclamaciones, el Tribunal de Apelaciones acogió sus fundamentos.
No sólo permite proteger la privacidad de las personas que hayan padecido de cáncer, sino que, además, evita que ésta se arrastre en términos financieros, en cuanto impide que a partir de los cinco años desde que se haya dado el alta de la enfermedad, las aseguradoras y los bancos tenga en cuenta el historial clínico de las personas afectadas por el cáncer.
