El acto al tener la naturaleza de decisorio impide que en el mismo procedimiento administrativo se aduzcan nuevas alegaciones o se agreguen documentos u otros elementos de juicio.
Los jueces tienen la obligación de inhabilitarse de un procedimiento si toman conocimiento sobre la concurrencia de alguna causa de inhabilidad legalmente prevista.
El requirente alega que se le obliga a vender el inmueble a un precio injusto, vulnerando sus garantías constitucionales.
El máximo Tribunal ordenó que vuelvan los autos a la Corte de Concepción, a fin de que la sala de cuenta proceda a dictar la resolución que corresponda para efectos de dar curso progresivo a los autos.
La medida se suma a la adoptada por el poder judicial de Misiones y Tucumán.
La decisión de prolongar la cuarentena más allá del periodo recomendado por la autoridad sanitaria torna la pena privativa de libertad en un mero castigo, toda vez que interrumpe la reinserción social que el bloque constitucional asigna a la pena.
El requirente estima que el precepto impugnado infringe los principios de legalidad y tipicidad, al reconducir el núcleo esencial de la conducta a una norma de rango infralegal.
El uso de cédulas secretas sin haber justificado razonablemente su aplicación, transgrede la libertad de expresión, el derecho a acceso a la información y participación activa en los asuntos públicos del Estado.
Pese a no ser la vía idónea, los Tribunales tienen la obligación de garantizar el acceso a agua potable a todos los habitantes, pues es un servicio básico esencial.
El máximo Tribunal dispuso que no se podrán efectuar obras de ningún tipo, mientras el proyecto en cuestión no cuente con una respuesta a la consulta de pertinencia que lo exima de someter las obras al sistema de evaluación.
