«El nuevo texto legal incorpora una nueva disposición transitoria –vigésimo sexta- a la Constitución Política de la República, en la cual se establece una prórroga del mandato de los consejeros regionales en ejercicio a la fecha de publicación de la presente reforma constitucional, y el de sus respectivos suplentes, hasta el 11 de marzo del año 2014».

“aun cuando eventualmente exista alguna irregularidad formal en el actuar de la recurrida, ésta no puede ser censurada a través de la presente vía constitucional porque ello implicaría dar protección a una situación irregular lograda por la recurrente, quien como se ha visto carece de un derecho legítimamente adquirido.”.

«Es necesario, para que la Administración Pública atienda de modo apropiado las necesidades colectivas para cuya satisfacción existe, prosigue la sentencia, que las personas a través de las cuales ella actúa sean idóneas para el desempeño de las tareas que se les encomiende, pues, de no existir dicha idoneidad se vuelve imposible el cumplimiento de la función pública».

“la solicitud de espacios costeros solicitados haya sido rechazada por no haber dado la comunidad indígena respuesta satisfactoria acerca de la necesidad de la gran extensión de terreno pedida”, constando que “que el rechazo parcial se realizaba para dar un tiempo mayor a la comunidad de revisar los antecedentes relacionados con no comprender el espacio costero terreno de playa y fundado además en la solicitud de suspensión de la votación realizada por la comunidad”

“se entiende por sospechoso todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulta inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente, que se realiza en forma aislada o reiterada, y, en ese contexto, como la reclamante debe contar con un sistema preventivo de alerta, en la especie tenía contratado un empleado responsable de relacionarse con la UAF, resulta que no se trata de otra obligación legal que pese sobre la reclamante, sino que la de reportar e informar en los términos exigidos en forma imperativa por el artículo 3, inciso 1, de la citada ley; obligación a la que la reclamante no dio cumplimiento”.

“en presencia de un principio de carácter general, que señala para los jueces una norma de conducta interna, acerca del modo como deben formar su convicción para establecer la existencia del hecho punible y la participación del acusado en él, y no denunciándose que los sentenciadores hayan empleado medios probatorios distintos a los legalmente establecidos para fundar su decisión de condena, carece de asidero la impugnación acerca de esta norma”.

vulnera las garantías de legalidad y tipicidad de las sanciones, el derecho a un debido proceso, además de la libertad para desarrollar actividades empresariales y la igualdad ante la ley en materia económica.

«según lo prescrito en el inciso primero del artículo 29 de la ley N° 18.216, el otorgamiento por sentencia ejecutoriada de alguno de los beneficios previstos en ese texto legal, esto es, remisión condicional de la pena, reclusión nocturna o libertad vigilada, tiene mérito suficiente para la omisión en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que dio origen la sentencia condenatoria».

se infringe lo dispuesto f) del numeral 7° del artículo 19 de la Carta Fundamental, en cuanto al derecho a la no auto incriminación bajo juramento en causa penal, el derecho a la defensa jurídica y el derecho a un justo y racional procedimiento, además de la garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales.

es necesario velar por el “Principio de Reciprocidad”, esto es, ver la posibilidad que el donante de órganos “podría tener un privilegio especial cuando hay condiciones iguales para resolver a favor de él en desmedro del no donante”, o sea, “entre dos personas que están en la misma condición para recibir un órgano, importa o no el hecho que uno de ellos sea no donante”.