Los actores estiman que el decreto afecta su libertad de conciencia, ya que su bienestar y salud integral se basan en el equilibrio natural cósmico y se tratan a través de terapias alternativas.
A dichos actores no se les reconoce el carácter de ministro de fe.
Sin embargo, no procede que el cese en el cargo de Contralor Universitario opere por el solo ministerio de la ley como lo sostiene la Rectora, debiendo esta autoridad solicitar la aprobación de su remoción al Consejo Superior de esa casa de estudios superiores.
El recurrente ha sido condenado porque, junto con otros acusados, convocó masivamente a los ciudadanos para que acudieran a votar al referéndum del día 1 de octubre de 2017, con la finalidad de sustituir el legítimo marco jurídico establecido por la Constitución y el Estado de Autonomía por el diseñado por la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana, cuya vigencia y aplicación había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
El Tribunal de alzada ordenó la realización de un nuevo juicio a fin de resolver la demanda de incumplimiento de una obligación laboral colectiva.
Los proveedores del servicio médico se encontraban obligados a observar el deber de seguridad en la atención de la actora y su hija.
La Ley N°21.190 prohibió negar matriculas a alumnos que presentaran deudas en los establecimientos educacionales.
La iniciativa busca incluir a todas las personas con capacidad de gestar independiente de su identidad y/o expresión de género.
La moción, patrocinada por las Diputadas Marcela Hernando, Andrea Parra y Joanna Pérez, junto a los Diputados Bernardo Berger, Andrés Longton, Cosme Mellado, José Pérez, René Saffirio, Alexis Sepúlveda y Leonardo Soto, modifica la ley Nº18.695 para incorporar entre las funciones de las municipalidades, al momento de elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo […]
Es fundamental, a juicio de LyD, que en el contexto de la nueva Constitución esta atribución se mantenga, así como las materias que abarca, de forma de evitar el desorden fiscal y económico al limitar, de alguna manera, los conflictos político-electorales e institucionales que pudieran
generarse para los legisladores.
