El máximo Tribunal revocó la sentencia apelada, y, en su lugar, declaró que el amparado queda sujeto a la medida cautelar de internación provisional, debiendo el juez de garantía proceder a determinar el centro asistencial en el que deberá cumplir dicha medida, hasta tanto se tenga un dictamen penal sobre su imputabilidad.

El máximo Tribunal sostuvo que, estando fuera de discusión que la entidad recurrida ha obrado dentro del marco de la competencia entregada por el artículo 6 inciso 1º de la Ley Nº 10.336, no puede sino concluirse que el acto sub lite ha sido debidamente motivado.

Relativa a solicitud de documentación respecto de pérdidas ocurridas en periodos fuera del límite de fiscalización del SII.

Atendido que a la época de la fiscalización practicada, la institución reclamada incurría en la infracción denunciada.

La sentencia del Tribunal estableció que los incumplimientos contenidos en la carta de despido y que motivaron el término de la relación laboral, son graves ya que afectaban directamente a otra trabajadora, compañera de funciones.

De manera que al hacer lugar al incidente de abandono del procedimiento se incurrió en un error de derecho que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

La naturaleza procesal del procedimiento previsto por el legislador para obtener el cumplimiento de una sentencia definitiva corresponde a un juicio diverso al que dio origen a la decisión que se intenta cumplir.

El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes la resolución impugnada contra la empresa Rendic Hermanos S.A. (Unimarc), dictada por el Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas.

El Tribunal dictó la absolución de Mena Miranda por no lograr convicción, debido a la insuficiencia de prueba y contradicciones, para dar por establecer el delito.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.