Existe una negligente disposición del cambio de nivel entre la calle y el portal que constituye un obstáculo que excede de la normalidad y de los riesgos generales por no tener carácter previsible para la víctima. No apreciamos conducta negligente o descuidada por parte del demandante que permita realizar una compensación de culpas con el efecto de minorar la indemnización a percibir.

La Comisión de Gobierno conoció detalles del proyecto que busca “asegurar que aquellos que soliciten la condición de refugiado cumplan con los criterios y fundamentos legales”.

El requerimiento adolece de una serie de defectos que conducen a su rechazo. En cuanto a la impugnación al artículo 768, inciso antepenúltimo, del Código de Procedimiento Civil, se debe tener en consideración que la gestión pendiente se tramita según el procedimiento ordinario ante los juzgados de familia que regula la Ley N° 19.628, por lo que nos encontramos ante un asunto con una regulación específica.

Este tribunal ha actuado en el ámbito de su competencia, obró dentro de sus facultades legales, llevando a cabo una práctica judicial reiterada en el tiempo que es cuestionada por primera vez ante este juez, informa el recurrido.

El medicamento “ANORO” es solicitado por el recurrente debido a que es indispensable para su sobrevida, motivo por el que la Corte de Puerto Montt ordenó al nosocomio suministrar dicha medicina, a fin de no vulnerar el derecho a la vida del paciente.

La demandada demoró más de diez años en cumplir el mandato judicial, generando un daño moral en el actor que debe ser resarcido. Teniendo en cuenta el lapso en el que la demandada incurrió en el incumplimiento y que en autos se trata de un beneficio previsional que reviste carácter alimentario, se debe fijar una indemnización.

El recurso de nulidad impone y exige, para tener posibilidades de prosperar, una prolijidad a la hora de plantearlo y suma precisión al momento de alegarlo, ello en sintonía con el estándar más exigente de un recurso de esta especie.

El control de convencionalidad resulta ser una facultad/deber de los magistrados que se ha ido gestando en nuestro país desde el momento en que se comenzaron a suscribir tratados internacionales. Sin embargo, ese control convencional transcurrió por un largo proceso que comenzó a afirmarse con mayor peso a partir de la reforma del año 1994, momento en el cual se le otorgó a jerarquía constitucional a diferentes tratados sobre Derechos Humanos. Todo ese devenir se fue cristalizando en diferentes precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, antecedentes por los cuales se fue exponiendo el avance que se ha ido desarrollando en esta materia.

La Tercera Sala del máximo tribunal estableció, que la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Ambiental incurrió en un error al desestimar un nuevo proceso de participación de la ciudadanía por la modificación relevante introducida por el titular del proyecto, que altera significativamente los impactos ambientales que generará la planta de crianza de porcinos.

El tribunal de distrito cometió un error legal al negarse a decidir si los recursos administrativos «estaban disponibles» para el recurrente. Como subrayó la Corte Suprema, la ley contiene su propia excepción textual al agotamiento obligatorio. Este requisito depende de la disponibilidad de recursos administrativos. Así, un convicto debe agotar los recursos disponibles, pero no necesita agotar los que no están disponibles.