Con esta medida, que ahora pasa al Senado, se busca disminuir el costo que se paga por el acceso al agua en el mundo rural.

La resolución denegatoria indica que no ha demostrado avances en su proceso de reinserción social, toda vez que no existen antecedentes que den cuenta que rechace explícitamente el delito cometido ni del mal causado por aquél.

Se trata de información verídica que consta en un registro interno de acceso restringido, lo cual no lesiona la honra del recurrente. Además, de acuerdo al Código Procesal Penal, y las Leyes 19.650, 20.391 y 20.931 no solo debe mantener registros de sus investigaciones y resultados, sino que está obligado a hacerlo, para efectuar análisis a partir de ellos

La campaña de inmunización se configura como una medida sanitaria que obedece a criterios técnicos de salud pública, y respecto de los cuales no es vinculante la autorización desde el punto de vista farmacéutico (ISP recomendó vacunación a dicho rango etario), cuyo mérito, oportunidad, conveniencia y eficacia están radicados en la autoridad de salud.

El máximo Tribunal confirmó que los hechos descritos por los recurrentes y las peticiones que se formularon exceden las materias que deben ser conocidas en sede cautelar de emergencia.

La imparcialidad del tribunal es una garantía del debido proceso, por lo que la Oficina de Gestión Judicial deberá efectuar el sorteo pertinente entre todos los demás jueces no inhabilitados,.

El imputado fue observado en el asiento del conductor de un vehículo realizando un intercambio de objetos con su copiloto, quien al bajar del vehículo se acercó a los agentes para ofrecerles papelillos de pasta base, circunstancia que, apreciada en contexto, permitió efectuar el control de identidad a ambos individuos debido a la flagrancia del ilícito.

Se configura la causal de reserva de información contenida en el artículo 21, N°1, letra B), de la Ley 20.285, que permite negar antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política como es este caso.

Según el fallo, la compañía no tomó en cuenta los riesgos a los derechos y libertades de millones de usuarios afectados. Si bien esta es la multa más alta impuesta a Meta por este tipo de incumplimientos, no ha sido la primera, pues en los últimos años ha sido sancionada en al menos cuatro ocasiones.

El Ministerio Público debió explicitar en forma obligatoria la relación sucinta del hecho que se le atribuye al imputado, con indicación del tiempo y lugar de comisión y demás circunstancias relevantes, por lo que aquel debió ser absuelto.