La magistrada acogió la demanda de responsabilidad contractual entablada contra la clínica privada, tras establecer infracción a la lex artis en la intervención practicada a la demandante, quien presentaba un síndrome lumbociático derecho y, tras varias intervenciones, debió recurrir a otro centro asistencial.

La magistrada además del pago de la indemnización, ordenó que las disculpas públicas deben publicarse en dos diarios de circulación nacional, en el plazo de 15 días hábiles, a contar de la fecha que el fallo se encuentre firme y ejecutoriado.

El Tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, dictada por el Sexto Juzgado Civil de Santiago, que no dio lugar a la demanda, tras establecer la responsabilidad de la empresa por falta de seguridad para el tránsito o desplazamiento seguros de clientela por las dependencias del local comercial.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario del propietario que al cercar su terreno, dejó sin acceso a los servicios higiénicos a la comunidad educativa.

De acuerdo al Minsal, a la fecha se encuentran contratadas (a honorarios y por Código del Trabajo) 14.250 personas, de las cuales 7.450 serán reubicadas dadas sus funciones.

Con ocho votos a favor –todos de la derecha– y cuatro abstenciones, fueron aprobadas dos enmiendas de unidad de propósito presentadas por Chile Vamos y Republicanos en la subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. Estas consagran en el texto el respeto a los emblemas nacionales y detallan que el baile nacional es la cueca y el Rodeo Chileno, el deporte nacional.

El máximo Tribunal revocó la sentencia apelada, únicamente en la parte que condenó al general en retiro de la Fuerza Aérea (FACH) Vicente Armando Rodríguez Bustos, quien murió antes de la resolución de segunda instancia, por lo que dispuso que el ministro instructor proceda a decretar el correspondiente sobreseimiento definitivo y parcial a su respecto.

El Tribunal de alzada descartó error en la apreciación de la prueba y en los hechos establecidos por en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que condenó al dueño de predio a pagar una indemnización de $40.000.000 por concepto de daño moral, al trabajador accidentado. 

Dentro de las primeras normas que establecían los requisitos para ser abogado estaban: haber cumplido los 17 años y pasar un examen ante los jueces y maestros del lugar en que pretendiera ejercer la abogacía.