Ellas responden a la ejecución de una política pública de orden sanitario.
Constituyen una sola unidad económica que revela una gestión común de trabajo y poder de dirección laboral sobre sus trabajadores, de manera que existe un empleador único, en los términos del artículo 3 inciso cuarto del Código del Trabajo.
El Tribunal acogió parcialmente la demanda deducida, tras establecer la responsabilidad de la empresa por el actuar ilegal de los vigilantes subcontratados.
El máximo Tribunal estableció que el centro asistencial no otorgó el tratamiento oportuno a la emergencia, que derivó en la pérdida de testículo del paciente.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la intendencia recurrida, al dictaminar la expulsión de los amparados, tras desistirse de la denuncia por ingreso ilegal al país que había presentado ante el Ministerio Público.
En condiciones de convertirse en ley quedó el texto legal que podrá agilizar los proceso, más aún, «en el contexto de pandemia», sentenció el senador De Urresti, encargado de informar sobre la moción.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva Gallinato y del Ministro Pica, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento.
Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designándose como redactor del fallo al Ministro Fernández González.
En los actos discriminatorios en contra de trabajadores homosexuales o transgéneros, el empleador necesariamente, y simultáneamente, toma en consideración la construcción del género de la persona para tomar su decisión.
Solicita a los jueces de todo el país a asumir responsablemente el rol de garantes de la recuperación económica del país y de control de la epidemia.
