La Corte observó que el procedimiento de regularización del DL N° 2.695 se encontraba extinguido ya que en sede administrativa se había desestimado regularizar la propiedad, por lo que no se tenía derecho a oponerse.
Además, el tribunal resolvió que, no habiéndose cuestionado la validez formal del contrato solemne, es imposible establecer la falta de consentimiento en el mismo, ya que se cumplió con la única forma válida de manifestación de la voluntad para este tipo de negocios jurídicos.
El actor alegó que acompañó los antecedentes que daban cuenta de que su derecho de aprovechamiento estaba registrado en el Conservador de Bienes Raíces, sin embargo, eso no es suficiente, ya que la ley exige que además debe estar inscrito en el Catastro Público de Aguas de la DGA.
La sentencia recurrida revocó aquella de base, y concedió indemnización de perjuicios porque el demandado se retiró de las negociaciones preliminares e hizo uso posteriormente de información catalogada como confidencial, pero no suprimió los considerandos del fallo de primera instancia que asentaron que la información discutida nunca tuvo tal carácter.
La Comisión de Constitución sesionará este miércoles entre las 9:30 y las 20:00 horas con el objeto de votar en particular la iniciativa y tratar de despacharla para que pueda ser votada en Sala la próxima semana.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, que confirmó la resolución de multa dictada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en el proceso sancionatorio que ordenó, además, la cancelación de la inscripción de la sancionada como prestadora de libre elección (MLE) y le ordenó reintegrar la suma de $37.409.310 al fondo de ayuda médica (FAM).
El máximo Tribunal ordenó la realización de un nuevo proceso, excluyendo la evidencia incriminatoria recogida en el procedimiento irregular con ocasión de la detención del recurrente.
El requirente estima que la aplicación del precepto legal afecta su garantía constitucional del debido proceso.
El Servicio de Salud había sido excluido de la causa al estimar la Corte de Puerto Montt que no era legitimado pasivo, pero el máximo Tribunal resolvió que es imposible continuar la acción –cuyo fin es la indemnización de perjuicios– sin la participación del Servicio, debido a que es único de los demandados que puede responder patrimonialmente en caso de un fallo favorable para los actores.
