Se estimó que los antecedentes expuestos en el recurso no dan cuenta de hechos que, según el artículo 21 de la Constitución Política de la República, correspondan a aquellos susceptibles de la cautela impetrada por esta vía.
El cuestionado dictamen había concluido, en síntesis, que el cargo de Fiscal Nacional Económico no forma parte del SADP, razón por la cual no tendría derecho a la indemnización prevista en el artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882, al término de su segundo período de cuatro años.
La demandante expresó que al momento extenderse sus licencias médicas maternales de pre y post natal, la caja de compensación demandada realizó de manera errónea el cálculo para el pago de dicho subsidio.
El requirente estima que los preceptos impugnados infringirían la igualdad ante la ley y el debido proceso.
La incorporación de una normativa que contemple -concretamente-las posibles manifestaciones de inconducta procesal en la ley de forma, ha sido materia de cuestionamiento bajo razones de diversa índole.
La gestión pendiente incide en autos penales seguidos ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.
El amparado afirmó que la Constitución Política asegura el derecho a la libertad personal y solicitó que se ordene a Gendarmería de Chile enmendar su decisión de rechazo accediendo a los beneficios intrapenitenciarios que han sido solicitados.
En el caso que se declare admisible, el TC se pronunciará sobre el fondo de la contienda de competencia planteada.
Se estimó que aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
El recurrente estimó vulneradas las garantías establecidas en el artículo 19 números 15 y 24 de la Constitución.
