En la determinación de la pena a imponer a López Campos: “A juicio de la mayoría de la sala en el presente caso concurre la atenuante de responsabilidad de penal que beneficia a quien ‘ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos’.
La moción busca obligar a las empresas contratistas o subcontratistas a informar a la empresa principal sobre el monto y estado de cumplimiento de sus obligaciones. De esta forma, se establece la facultad de la empresa principal de retener sus obligaciones con la empresa contratista o subcontratista por el monto que fuere responsable para el pago de la empresa proveedora, en el caso que el contratista o subcontratista no lo haya realizado.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de contratación y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, desde que, a pesar de ser un tercero ajeno a la relación laboral, deberá pagar $22.128.848.- por concepto de obligaciones laborales y provisionales de trabajadores que nunca prestaron servicio para su empresa.
Aún en el evento que tal alteración se haya verificado en el año 2020, sus consecuencias lesivas para las garantías constitucionales de la recurrente se han verificado de forma permanente, razón la que no es posible excusar de restablecer el imperio del derecho, que constituye un imperativo constitucional y la finalidad de la administración de justicia.
La acción constitucional de amparo no aparece como la vía procesalmente idónea para plantear una solicitud como la que se pretende, si precisamente el procedimiento fijado por la ley procesal penal contempla mecanismos de impugnación de lo resuelto por el tribunal de primer grado.
El TEDH ha adoptado esta postura favorable a la legislación sobre bienestar animal de estos territorios (religiones musulmana y judía, en las regiones de Flandes y Valonia, Bélgica, a pesar de que las normas europeas, que obligan a aturdir a los animales para evitar su sufrimiento, consideran los motivos religiosos una excepción.
El Mensaje, que se enmarca en el “Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal”, busca perfeccionar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Los jueces deben decidir si las plataformas de redes sociales deben ser tratadas como operadores comunes, sujetos a regulaciones limitadas sobre la discriminación de contenido, o si tienen más similitudes con los periódicos, que gozan de una amplia libertad editorial.
La iniciativa eleva a rango legal las obligaciones existentes a nivel reglamentario, otorga una acción popular para la denuncia de tales infracciones, da garantía y concreción al deber general de protección del artículo 184, específicamente, respecto de las medidas sanitarias y de higiene, y establece un mandato legal para que todas las licitaciones, convenios y contratos entre la autoridad respectiva y empresas de transporte público contengan, al menos, una cláusula que asegure el conocimiento y cumplimiento de las obligaciones detalladas en el nuevo artículo 193 bis nuevo.
La recurrente infringió las condiciones de uso tanto al registrarse como al utilizar el servicio, ya que dichas condiciones exigen transparencia y veracidad en los datos de los usuarios, y establecen la obligación de abrir una página si se desea utilizar el perfil o la biografía con fines comerciales.
