La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales igualdad ante la ley, libertad de trabajo y su derecho de propiedad.
Las gestiones pendientes inciden en un juicio sobre despido injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones y, en autos sobre tutela por vulneración de derechos fundamentales, ambos seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.
La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Muñoz.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del debido proceso, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y su derecho de propiedad.
Será el segundo discurso presidencial del segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera y el tercero que se realiza en 1 de Junio, desde la promulgación de la ley que trasladó el Mensaje desde el 21 de mayo.
En la reclamación, el Movimiento alega contra la decisión del SEA que rechazó la solicitud de invalidación que presentaron contra la resolución que acreditó el inicio de la ejecución del proyecto.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia que rechazó el recurso de nulidad deducido, en contra de la resolución que estableció que la demandada vulneró el derecho a la libertad de trabajo y le ordenó, como continuadora legal de la isapre Masvida S.A., reincorporar a los trabajadores a sus puestos como ejecutivos de venta.
El Tribunal acogió la acción de tutela laboral, tras establecer la relación laboral entre las partes, condenando al demandado pagar una indemnización total de $69.364.779 a la trabajadora por las prestaciones adeudadas.
El Tribunal acogió parcialmente la demanda entablada y condenó al centro asistencial por la falta de servicio que derivó en la amputación de las extremidades inferiores del demandante.
El Tribunal de alzada acogió la acción judicial, tras establecer el actuar arbitrario y sin fundamento de la recurrida, ordenando el cese del cobro extrajudicial de la acreencia.
