Dado que el Tribunal Constitucional acogió a trámite 7 requerimientos de inconstitucionalidad sobre los decretos que otorgaron los indultos, la Contraloría decidió abstenerse para así evitar una interferencia de competencia (aplica el artículo 6 de la Ley que 10.336 de la LOC de la Contraloría).

El Tribunal Supremo de España resuelve que el principio in dubio no va dirigido al Tribunal de casación. Quien tiene que dudar para que proceda la absolución es el juez en la instancia.

Cuando un empleado es acosado por un compañero de trabajo, el estándar de negligencia rige la responsabilidad del empleador. Será negligente con respecto al acoso si sabía o debería haber sabido sobre la conducta y no la detuvo. Pesa en contra de encontrar negligencia si el empleado afectado deja de aprovechar injustificadamente las oportunidades correctivas provistas por el empleador.

En segunda instancia, los demandados acompañaron recibos de arriendo, sin embargo, el tribunal de alzada los desestimó por tratarse de instrumentos privados no reconocidos en juicio, y que no emanaron de la parte demandante.

Estuvo detenido sin cargos en su contra por su presunta vinculación con grupos contrarios a Israel. Tras ser deportado arribó a Francia, país del cual es nacional.

No existe un derecho indubitado en favor del recurrente, quien estuvo en conocimiento de cada uno de los rechazos o reducción de sus licencias médicas, sin objetar estar resoluciones de lo que se desprende su conformidad con lo resuelto.

La requirente estima que la causal invocada vulnera la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, porque se obliga al tribunal a dar curso al procedimiento concursal de liquidación forzosa aun cuando los títulos fundantes se encuentran prescritos, lo que en un juicio ejecutivo ordinario no es posible.

La imputación de hechos reprochables, a nivel social y penal, implica no solo un acto de autotutela, sino también una vulneración al derecho y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.

La clínica recurrente alegó que la rebaja de multa a la que accedió el Tribunal resolviendo la reposición no fue sustancial, por lo que, viéndose agraviado con dicha resolución, lo que correspondía era su enmienda vía apelación.

Además, no se advierte la manera en que dicha ampliación del plazo pudo beneficiar solo al proveedor que finalmente resultó adjudicado ni tampoco de verifica que se haya producido un perjuicio fiscal.