Recurso perdió oportunidad por la desaparición del hecho que lo motiva.
La Corte sólo declaró admisible la protección respecto al Ministro de Hacienda.
El requirente estima que la disposición impugnada, vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones y el debido proceso.
Ante la duda de que la participación ciudadana pueda verse mermada por el coronavirus.
El ente contralor adujo que atendido el tiempo transcurrido desde que la sentencia quedó firme y ejecutoriada, esa entidad edilicia, a la referida fecha de ingreso del funcionario en cuestión, no tenía que hacer efectiva la medida accesoria de suspensión de cargos públicos.
La Universidad requirente estima que la disposición impugnada atenta contra el principio de legalidad y de proporcionalidad de las multas.
Permite al SERVEL dictar normas e instrucciones para su desarrollo, en especial sanitarias.
La Magistratura Constitucional concluye que no revisten naturaleza de LOC, las disposiciones contenidas en los incisos primero, segundo y tercero de artículo 50 de la iniciativa bajo estudio.
Se lo condena además al pago de 1.000 euros por daños morales a las dos mujeres que insultó.
Esto, a propósito de consulta del Intendente de la Región de Atacama, acerca de la procedencia de modificar convenio de transferencia suscrito entre ese gobierno regional (GORE) y la Corporación para la Competitividad e Innovación para la Región de Atacama (CCIRA) que incrementa el monto del aporte efectuado en $ 250.000.000.
