La requirente sostiene que la norma impugnada restringe su garantía constitucional a un debido proceso.
La decisión es arbitraria por ausencia de motivación suficiente, al no explicarse la razón que llevó a la Universidad a aplicar al estudiante la máxima sanción posible, existiendo un catálogo de otras sanciones aplicables que resultaban más acorde a los hechos imputados.
No procede dar lugar al recurso de amparo contra una orden de detención expedida por el tribunal en los casos del artículo 127 del Código Procesal Penal, porque ella emana precisamente de la autoridad competente y no constituye una amenaza a los derechos fundamentales establecidos por la Constitución.
No obstante, ordenó al Juzgado de Garantía oficiar a PDI, para que ésta señale si se recibió solicitud de parte de la República de Alemania en orden a realizar canje penal del recurrente, y si es efectivo que informó a dicha República que la persona respecto del cual se realizó el canje en su caso, resultó ser su hermano.
La normativa garantiza esferas constitucionales separadas para la Federación y los Länder (Estados miembros que en su conjunto conforman Alemania) en el ámbito de sus respectivas posiciones en la República Federal. Esto también se extiende a la ley electoral. En consecuencia, los Länder tienen autonomía para promulgar disposiciones relativas al sistema electoral y los procedimientos electorales para sus propios parlamentos.
El requirente estima que la norma cuestionada atenta contra el debido proceso, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.
El CAE ha contribuido con más de un millón de chilenos endeudados.
Existen precedentes que en el caso bajo examen -en los términos expuestos- resultan aplicables por ser análogos o idénticos, por lo que el juez debe aplicarlos al caso concreto por su fuerza vinculante y obligatoria. En consecuencia, posee trascendencia lo expresado en esta sede, cuando al resolverse un recurso de amparo contra el colegio profesional la Sala Constitucional ha dictaminado la colegiatura obligatoria.
El relleno sanitario estaba recibiendo residuos que no estaban autorizados, los que causaron incendios.
No cabe exigir en quien solicita el beneficio una situación de extrema pobreza, sino tan sólo debe encontrarse acreditado que no se encuentra en condiciones de afrontar los costos y costas del proceso, para lo cual cabe tener en cuenta la verosimilitud del derecho reclamado y su importancia económica.
