La sentencia incurrió en un error al calificar jurídicamente los hechos del modo que lo hizo, y no como fue solicitado por el persecutor penal en orden a que tales hechos debieron ser calificados conforme lo previsto en el artículo 3º de la Ley 20.000.
No se puede imputar ninguna falta de diligencia en una persona, que como la lesionada usa un elemento comunitario, con socorrista, abierto, sin restricción alguna y funcionando con normalidad, que además no contaba con una mínima señalización que advirtiera del concreto riesgo, no pudiendo considerarse tampoco como un «riesgo general de la vida», ni de competencia de la víctima.
Existiendo una licitación que sustente la tercerización del servicio, no se advierten reparos en su ejecución.
La relación de consumo alude al vínculo que se establece con quien, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzca, importe, distribuya o comercialice cosas o preste servicios a consumidores o usuarios. En este caso no existe controversia sobre el carácter de proveedor de la accionada, pero esta cumplió con su deber de emitir avisos de seguridad y el hecho se debió a la imprudencia de la recurrente.
No le es permitido a la recurrida que adopte desde ya vías de autotutela, (las cuales afectan la actividad económica del actor), dado que aún se encuentra pendiente la ejecución del fallo arbitral por un tribunal competente.
Al tratarse de una falta leve debe estarse al plazo de prescripción de un mes y no de dos años. El cómputo del plazo se inicia desde que la falta se hubiere cometido, de suerte que, al haber transcurrido más de un mes desde el último de los accesos indebidos al mencionado sistema informático, la infracción se encuentra prescrita.
El incumplimiento de la obligación de establecer sanciones penales efectivas para proteger los intereses financieros de la UE infringe su legislación. Los Estados miembros están obligados en virtud de la legislación de la UE a luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE mediante medidas disuasorias.
En forma unánime, la Comisión de Hacienda aprobó las disposiciones del proyecto de inclusión laboral. Entre los avances incorporados en esta actualización de la ley vigente está el aumentar el porcentaje obligatorio de cupos para personas con discapacidad en unidades laborales con más de 100 trabajadores.
El máximo Tribunal estableció que la comercialización y el almacenamiento de los datos de la actividad eléctrica del cerebro que realiza el dispositivo afectan el derecho a la integridad física y psíquica del recurrente, por lo que ordenó a la empresa Emotiv Inc., proceder a eliminar, sin más trámite, toda la información que hubiera almacenado.
Vecinos de Colina acusaban a la compañía minera de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y fraccionamiento del proyecto “Suministro de aguas claras desde el embalse Ovejería a Anglo American vía acueducto”.
