La entidad había negado acceso a la cantidad histórica anual de metal extraído por SQM y sociedades precedentes en más de dos décadas.
La requirente estima que el artículo 318 del Código Penal no satisface los principios de legalidad y proporcionalidad, afectando sus garantías constitucionales.
Las Federaciones de trabajadores alegaron que las modificaciones introducidas por la autoridad dejan sin sentido la negociación colectiva.
La existencia de la deuda debe ser revisada en juicio ordinario, para cautelar los derechos de ambas partes.
El acto administrativo carece de fundamentos objetivos y razonables.
La requirente alega qua la normativa impugnada contraviene los límites constitucionales a la publicidad, vulnerando su derecho a desarrollar cualquier actividad económica.
La modificación al artículo 222 del Código Procesal Penal autoriza la petición de información sin recurrir ante el tribunal, con el fin de agilizar la investigación de ciberdelitos.
La autoridad determinó los funcionarios a quienes resulta aplicable el nuevo artículo 206 bis del Código del Trabajo.
Esta busca establecer mecanismos de medición, control y sanción para verificar que la función pública se desarrolla de manera adecuada en concordancia con el mandato constitucional.
El requirente estima que vulnera su garantía al debido proceso, puesto que no fue debidamente emplazado en procedimiento que terminó con el remate de un inmueble de su propiedad.
