El Tribunal acogió la solicitud de la defensa, tras el cierre de la investigación y presentación de la acusación fiscal, y fijó un nuevo plazo de investigación de 120 días, para la realización de diligencias pendientes.
El Tribunal de alzada acogió la acción de amparo, tras establecer que la internación provisional de la amparada, sin contar con la evaluación siquiátrica exigida por la ley, vulnera la garantía constitucional de libertad individual.
El Tribunal de alzada acogió la acción judicial, tras establecer el actuar arbitrario de la recurrida al denegar la solicitud, pese a cumplir con los requisitos de renovación.
El Tribunal rechazó en todas sus partes el reclamo deducido por la empresa sancionada, tras establecer la falta de medidas de seguridad en faena en la comuna de Ñuñoa, en 2017.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 26° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la excepción de pago deducida por el Fisco.
El Tribunal de alzada rechazó la acción deducida por considerar que no existe garantía constitucional afectada.
La recurrente no ha recibido respuesta por parte del banco, aunque de los $6.000.000 que supuestamente le quedan por pagar, se ha rebajado a $3.000.000.
Recurrente estimó vulneradas las garantías fundamentales establecidas en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución.
La responsabilidad objetiva por daños nucleares transfronterizos se fundamenta en la fuente autónoma de derecho internacional.
Recurrente estimó que decisión de la autoridad careció de proporcionalidad.
