El Tribunal de alzada desestimó la acción, tras establecer que el Tribunal de alzada no es competente para conocer la reclamación.
El Contralor observa que las presentaciones que efectúen parlamentarios que cuentan con asignaciones para contratar asesoría deben contener suficiente argumentación jurídica y fáctica.
Debe realizarse la denuncia por escrito ante el empleador, el que tendrá un plazo de 30 días para responder en forma fundada y por escrito. Si la respuesta no es satisfactoria, la persona podrá recurrir al procedimiento de tutela de derechos fundamentales de la Justicia Laboral.
La empresa presentó el programa de cumplimiento luego que la SMA le formulara un cargo calificado como gravísimo por la ejecución del proyecto “Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa” en el área protegida Santuario de la Naturaleza “Campo Dunar de la Punta de Concón” y afectación de duna adyacente, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental que lo aprobara.
Pocos días después del anuncio oficial realizado por China Popular y Nicaragua, Nicaragua procedió desde su Poder Legislativo a suspender varios instrumentos bilaterales vigentes entre Nicaragua y Taiwán. Esta terminación precipitada de todo vínculo jurídico obedece al hecho que la calidad de Estado de Taiwán deja de ser reconocida como tal cuando se establecen relaciones oficiales con China Popular.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
Recurrentes denuncian que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°1, N°2, N°8 y N°24 de la Constitución, junto con el Convenio N°169 de la OIT y la Ley N°19.253, que establece normas de protección de los indígenas
Por celebrar acuerdos y contratos inconsistentes y en directo perjuicio del patrimonio comunal, sin justificación económica y administrativa; por nombrar en un cargo directo a su conviviente e incurrido en irregularidades durante la elección de alcalde suplente.
Las normas de la Ley N°20.720 son de carácter general y no pueden primar sobre normativa especial en cuanto a las deudas contraídas mediante Crédito con Aval del Estado.
La resolución exenta que dispone el termino anticipado de la contrata de la actora no se ajustó a los requisitos de los actos administrativos, constituyendo un acto arbitrario e ilegal.
