Mediante la gestación por subrogación, tanto la mujer gestante como el niño en gestación son tratados como objetos carentes de dignidad. La adopción es la opción que satisface plenamente el interés superior del niño.
Se colige que los actores, el día de ocurrencia de los hechos, fueron sorprendidos por los agentes policiales cuando realizaban acciones tendientes a elaborar bombas molotov, toda vez que uno de ellos (Ríos) manipulaba un bidón con combustible y, el segundo (Quililongo), mantenía en sus manos dos botellas con telas que tenían como función ser mecha.
Bustos Trabol lanzó un objeto portador de fuego, que contenía una sustancia inflamable previamente encendida por condenado, al costado oriente de la estación San Pablo de la Línea del Metro, ubicada en la a comuna de Lo Prado.
El acuerdo abre múltiples interrogantes y presenta evidentes falencias que comprometerán la gobernabilidad del país, los sistemas de pesos y contrapesos en la relación Ejecutivo – Legislativo, la representación efectiva de las regiones y la calidad de nuestra democracia.
Castillo, profesor de Derecho Constitucional, afirma que ‘’la Corte IDH no tiene la posición jurídica de revocar o anular por si misma ninguna decisión de un órgano nacional. Si fuese el caso que encontrase que el Estado peruano ha incurrido en inconvencionalidad, le ordenará que cumpla el deber convencional omitido.
El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda.
Entre los que votaron en contra de esta resolución que suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, aparecen en el hemisferio americano Bolivia, Cuba y Nicaragua. Al tiempo que, entre las 58 abstenciones, se registra a Brasil, El Salvador, Guyana, México, San Cristobal y Nevis, así como San Vicente y las Granadinas.
El requirente estima que el núcleo de la conducta penada no se encuentra descrito en la ley, infringiendo los principios de legalidad y tipicidad.
Pese a ser un tratamiento experimental, el recinto no puede negarse a su ejecución por motivos económicos, pues atenta en contra del derecho a la vida de la recurrente.
El actuar de la Convención puede ser calificado como contrario a la buena fe y transgresor del carácter previo de toda consulta indígena, afirman los recurrentes.
