En la sentencia, el magistrado acogió parcialmente la acción, tras establecer que la demandante, quien se desempeñaba como cirujana en el recinto asistencial de alta complejidad, fue víctima de maltrato laboral entre 2020 y 2022.

La magistrada descartó error de derecho en la resolución de multa, adoptada por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente que sancionó al establecimiento educacional por no permitir a los docentes descansar en los recreos.

El Tribunal de alzada confirmó, con costas, la resolución recurrida, adoptada por el CNTV, que le impuso una multa de 21 UTM a empresa DirecTV Chile Televisión Limitada.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del banco al proceder a realizar el descuento en forma unilateral.

Sus dichos se enmarcan en el debate que se generó en torno a la constitucionalización de Gendarmería. Lo anterior, sumado al tema –también abordado por la subcomisión de Sistema Político– del nuevo capítulo sobre Seguridad Pública.

La instancia legislativa de la Cámara también ofició a la Cancillería solicitando antecedentes sobre el caso de la ahora exembajadora en el Reino Unido, Susana Herrera, y sobre eventuales casos similares de que tengan conocimiento.

La UDI y Republicanos presentaron una enmienda para postergar a los cuarenta años la edad mínima para postular a la presidencia, argumentando que es “necesaria la madurez para el cargo”. Desde el oficialismo, cuestionan si la propuesta está motivada como una crítica al gobierno actual.

Por Francisca Cares.

El precepto no entrega criterios para la determinación de la conducta; no establece un procedimiento para tal determinación; no exige deberes de fundamentación; no sujeta la decisión a ningún tipo de control, y la regulación a través de Auto Acordados de la Corte Suprema es insuficiente. Cuando el constituyente encarga al legislador la regulación de un determinado derecho fundamental, no puede delegar por completo tal función a otro órgano para que lo haga de forma enteramente discrecional.

Se vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, dado que es un derecho de la alumna ser tratada en un proceso sancionatorio, como el que se llevó en su contra, en iguales condiciones que otros niños en igual situación.

La recurrida debe abstenerse de continuar con los descuentos y devolver los montos retenidos. Dicho acto afecta el derecho de propiedad del actor, sin perjuicio de las acciones ordinarias que le otorga la justicia para perseguir el cobro de lo adeudado.